En julio de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa llamada “Effort Sharin Regulation” en la que estableció una serie de objetivos anuales obligatorios para los países miembros sobre las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2021 y 2030. En estos objetivos se incluyen únicamente los sectores de la economía que quedan fuera del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, como el transporte, los edificios, la agricultura y la gestión de residuos. Estos sectores suponen casi el 60% de las emisiones totales del bloque comunitario. Ya en 2014, la Unión Europea fijó como objetivo que las emisiones fuesen en 2030 un 40% más bajas de lo que eran en 1990, o un 30% en comparación con 2005. En el “Effort Sharin Regulation” se fijaron una serie de objetivos distintos para cada país en función de diversos factores. La propuesta tenía en cuenta las distintas capacidades de cada país para acometer medidas medioambientales, para lo que tiene en cuenta la rentabilidad de los estados con un PIB per cápita por encima de la media y no únicamente el PIB per cápita, pues los países con mayores ingresos podrían adoptan objetivos más ambiciosos que los más pobres. Así, los objetivos resultantes varían entre el 0% y el 40% de reducción de emisiones para 2030 en comparación con las de 2005. 13 años antes de que se cumpla el límite de este objetivo, la Unión Europea ha reducido sus emisiones un 23% frente al 30% que se busca conseguir en 2030. Y así es como está cada país europeo.
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