Las claves de la nueva Ley de Creación y Emprendimiento Empresarial

Con sus defectos y virtudes, el Gobierno trata de enmendar los numerosos obstáculos que ponen las leyes y administraciones españolas a la creación de empresas y a su crecimiento. No en vano este martes se aprobó la publicación del Anteproyecto de Ley para la Creación y Emprendimiento Empresarial para su consulta pública. Es decir, se abre un espacio para que los interesados puedan realizar sus aportaciones.

Se trata de un proyecto relacionado con el Plan de Recuperación pero que el Ministerio de Asuntos Económicos y ya tenía en mente, por ello se realiza a través de los cauces habituales para este tipo de leyes. Fuentes del Ministerio explican que esta normativa pretende facilitar la actividad empresarial, el nacimiento de empresas y su desarrollo.

Hay que tener en cuenta que España tiene casi 2,5 millones de empresas de menos de 10 trabajadores (el 94,4% del total), lo que explica que la productividad continúe estancada y que los negocios tengan poco margen de maniobra ante situaciones como la crisis de la pandemia. Por ello, el Ministerio se propone favorecer un clima en el que se creen más empresas y que estas puedan crecer.

En particular, se nombran varios propósitos que pueden conseguirse con esta nueva ley: aumentar la productividad, crear empleo, aumentar la inversión y atraer capital humano y tecnológico. Esos son los pilares de los que la economía española debe nutrirse para elevar su capacidad de crecer en los próximos años. No obstante, se aclara que no se trata de forzar a las empresas a que sean más grandes sino de dar facilidades para que lo sean.

Esta norma complementa a la recientemente publicada Ley de Startups y forma parte de un trío de leyes que será completado con una ley relativa a los concursos empresariales. Esta ley ‘Crea y crece’ contempla tres frentes distintos para lograr sus objetivos: agilizar la creación de empresas; facilitar el crecimiento y luchar contra la morosidad; y mejorar el ecosistema de financiación para el crecimiento empresarial.

–Agilizar la creación de empresas. Como ya avanzó el departamento que dirige Nadia Calviño en febrero, se reducirá la exigencia de establecer un capital social mínimo de 3.000 euros para fundar una empresa. En cambio, se podrá hacer con un euro, si bien se introducirán otros mecanismos para facilitar que los acreedores puedan recibir su dinero si la empresa fracasa.

Lo que se pretende con esto es que el capital social no sea un obstáculo, dicen en Economía. Se trataba de un requisito que no existía en una gran mayoría de países y por eso se elimina.

En cuanto a los trámites, se traspondrá una directiva europea que obliga a los estados a facilitar el registro electrónico. En última instancia, la nueva ley supondrá que un emprendedor pueda registrar su empresa de forma totalmente digital.

–Facilitar el crecimiento y lucha contra la morosidad. En términos generales, se habla de una mejora de la regulación que actualice y haga más claro cómo poder aumentar el tamaño de una empresa. No obstante, se hace especial hincapié en la importancia de la lucha contra la morosidad comercial, por lo que se puede inferir que este punto será de vital importancia en la regulación.

Se hará hincapié en la información, fomentando por ejemplo el uso de factura electrónica, en consonancia con los avances en digitalización. A la vez, prácticas como esta facilitan el acceso a más información de forma ágil y fiable. No obstante, el objetivo último del Ministerio es crear un Observatorio de la Morosidad dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para analizar las estadísticas de las compañías españolas. A ojos de Economía, la morosidad genera problemas de liquidez, atenaza el crecimiento de las empresas medianas y crea efectos secundarios como la temporalidad, que se usa como una forma de gestionar esa liquidez.

-Financiación del crecimiento empresarial. Entre las actuaciones, se contempla el impulso del fondo NextTech, destinado a financiar iniciativas de innovación y tecnología. En resumen, se tratará de un fondo público-privado que proporcionará capital para escalar tecnologías digitales disruptivas. Asimismo, la ley pretende reforzar la regulación de las plataformas de financiación participativa.

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