Las discusiones entre gobiernos retrasan la respuesta común de la UE

Con la salida de Reino Unido, la Unión Europea (UE) ha perdido a uno de sus miembros, pero aún restan 27 países cuyas propias inquietudes dificultan la toma de decisiones. Esta misma semana ha quedado patente lo diferente que es la percepción entre un bloque de países que solicitó la puesta en marcha de eurobonos, entre los que se encuentran España, y el resto.

Desde distintos organismos se han pedido respuestas unificadas para hacer frente a un problema que afecta a todos los socios comunitarios. Hasta las propias organizaciones de la UE, como son el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), han reconocido esta necesidad.

En declaraciones a DIRIGENTES, la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, explica la importancia de que la UE «reaccione con fuerza y unida». La principal prioridad en el ámbito económico debe ser que los efectos de la crisis «sean temporales y que las empresas solventes puedan seguir funcionando tras la pandemia». Por ello, reclama que «las instituciones europeas deben ser parte de la respuesta».

Emma Navarro, vicepresidenta del BEI

Con respecto a las medidas que ya se han anunciado por parte del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea o el propio BEI, como es el lanzamiento de un paquete financiero de 40.000 millones de euros para pymes, Navarro las define como «un primer paso». En esa línea, avanza que están en discusión nuevas medidas, ya que «el reto que tenemos por delante requiere mayores esfuerzos».

En particular, una de las discusiones sería la puesta en marcha de un fondo paneuropeo de garantías de 25.000 millones de euros, que supondría la movilización de 200.000 millones de euros. No obstante, esta medida necesita del visto bueno de los ministros de Finanzas de la UE. La vicepresidenta asegura que desde el BEI «no se escatimarán esfuerzos para que nuestra financiación siga llegando a las empresas europeas y respondiendo a sus necesidades».

No obstante, en línea con las propuestas de España, Italia y Francia, entre otros, Navarro cree que es clave una respuesta «coordinada y mutualizada». En concreto, se refiere a actuaciones del Mecanismo Europeo de Estabilidad, además de otras iniciativas de carácter fiscal: «Es importante desplegar los instrumentos fiscales a nivel europeo».

Por su parte, la sociedad civil, representada por el CESE, coincide con la visión del BEI. Por un lado, se aprueba que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se utilice para hacer frente a esta crisis, pero se considera que los recursos con los que cuenta este instrumento «son insuficientes», dice el CESE.

En una línea distinta, se ha propuesto por parte de la Comisión utilizar reservas que aún no han sido utilizadas por los fondos de la Unión. Sin embargo, se urge a que se ponga en marcha esta herramienta «para que los fondos puedan estar disponibles lo antes posible».

«Debemos minimizar el riesgo de que se destruya el capital productivo, se despida a los empleados y se aumente el subempleo y la pobreza entre los trabajadores», dice el presidente del CESE, Luca Jahier. En ese sentido, Jahier señala que estas dos iniciativas deben ser solo una parte de la respuesta para una «crisis sistémica sin precedentes».

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