Cada fecha límite en el calendario proporciona una nueva oportunidad para postergar una decisión y ganar algo más de tiempo. El Gobierno y, en especial, sus ministros económicos, han sabido estrujar para su beneficio cada fecha tope, de manera que puedan contar con más tiempo para preparar la normativa en cuestión.
En enero, el Gobierno tuvo que enviar una serie de fichas -según algunos medios fueron un total de 30- en las que se esbozan las reformas que se proponen. Bruselas, por su parte, se limitó a decir por entonces que esos planes iban por el buen camino pero que necesitaban más trabajo y concreción. No obstante, desde las instituciones comunitarias se marca abril como el plazo para que esas propuestas se conviertan en proyectos sólidos.
El Ejecutivo ha acometido reformas referentes al teletrabajo y a la igualdad, demandadas por la Comisión Europea, pero aún quedan algunas pendientes de negociar con la patronal y los sindicatos. Según informó El País, estas modificaciones tienen objetivos diversos, como por ejemplo luchar contra la temporalidad imponiendo un cerco más estrecho a las contrataciones eventuales.
Otra de ellas tiene que ver con la introducción de un modelo de ERTE permanente. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio pistas de cómo se estructuraría esta nueva herramienta, orientada sobre todo a la readaptación de los trabajadores que se hallan en sectores económicos en decadencia.
Desde 2012, la última reforma laboral estableció que el convenio sectorial prevalezca sobre el de empresa, a lo que se quiere dar la vuelta en la nueva legislación. Asimismo, se quiere legislar el trabajo para las plataformas digitales, sobre todo en lo que concierne a los autónomos que trabajan para una empresa de este tipo.
