La ley obliga a alrededor de 9.000 administraciones públicas a realizar cualquier notificacion de forma telemática. Por extensión, las empresas están forzadas a consultar todos los buzones para estar al tanto de cualquier aviso que las administraciones puedan remitir.
En España las Administraciones Públicas van desde los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, la DGT, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social… hasta alcanzar alrededor de 9.000 entidades distintas. Desde 2010, todas ellas están obligadas a comunicar telemáticamente cada notificación a las empresas, en base a una normativa que trataba de agilizar y digitalizar las comunicaciones entre administración y empresas.
Por un lado, como escribe Carlos Javier Galán, abogado de Alberche Consultores en el blog de Fundación ConfeMetal, «los procedimientos electrónicos van permitiendo también cada vez más la presentación válida de solicitudes, escritos, recursos, etc., cómodamente por vía telemática, así como conocer el estado de tramitación del expediente por ese mismo cauce», lo que supone una gran ventaja en tiempo y molestias.
Hay que considerar que las compañías, sobre todo las pymes, no tratan con las 9.000 administraciones, pero no es un hecho desdeñable el tener que lidiar con comunicaciones de varias administraciones a la vez. Si a eso se le suman los proveedores, los clientes y los propios trabajadores de la empresa, los administradores de una compañía se enfrentan a un gran volumen de información.
Antes de la aparición de esta nueva normativa, la ley permitía a los ciudadanos elegir «la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos», lo que posteriormente se modificó para que fuera obligatorio.