Despejado el camino tras arrasar en las pasadas elecciones, el Gobierno de Cameron ha puesto en marcha uno de sus proyectos estrella, el AVE británico. Bautizado como High Speed 2 (HS2) unirá las principales ciudades del norte de Inglaterra con Londres y se trata de una de las mayores obras de infraestructuras del mundo. El inicio de la construcción del proyecto está fijado para 2017. La administración de Cameron tiene previsto comenzar a adjudicar las primeras licitaciones este mes de septiembre con los trabajos de planeamiento, permisos, preparación de los terrenos, desvíos, demoliciones o investigaciones arqueológicas y geotécnicas.
En concreto, salen a concurso tres contratos por valor de 1.277 millones de euros. A ellos aspiran varias empresas constructoras españolas que lideran respectivos consorcios. FCC se ha presentará su proyecto junto a las británicas Murphy y Laing O’Rourke. , Ferrovial se ha aliado también con las británicas Bam Nuttal y Morgan Sindall, y ACS a través de su filial Dragados pujará junto a su participada alemana Hochtief y la británica Galiford Try. La última compañía que se ha sumado a la carrera por el AVE británico es Acciona que ha formado un consorcio junto a la irlandesa John Sisk y a la británica Lagan Construction. Dentro del sector no se descarta que también se presenten las dos grandes ausentes, Sacyr y OHL. Ambas compañías tiene gran experiencia en el desarrollo de la red de alta velocidad. La constructora de Manuel Manrique cuenta en su haber con la construcción de más de 400 kilómetros de red española y la empresa de Villar Mir está al frente del proyecto del AVE a La Meca en Arabia Saudí.
El proyecto cuenta con dos fases. La primera conectará Londres con Birmingham y, posteriormente, está previsto que se una a la red de alta velocidad Manchester y Leeds, con una previsión de que las obras estén terminadas en 2032. El HS2 será el segundo tramo del país de alta velocidad tras el trazado de Londres con el túnel del Canal de la Mancha.
Sin embargo, el HS2 ha generado una gran polémica por la idoneidad del proyecto. El Gobierno británico estima que aportará unos beneficios de 47.000 millones de libras (cerca de 65.500 millones de euros) y 100.000 puestos de trabajo. Pero muchas voces críticas contrarrestan las cifras positivas, con otras cuentas que elevan los sobrecostes del proyecto hasta los 68.000 millones de euros.
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