Pasó menos de una semana entre el día en que Latam, el mayor grupo aéreo de América Latina, anunció su plan de retomar vuelos, sumando inclusive rutas internacionales, y el día en que pidió la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrota de EEUU para reorganizarse.
La compañía había anunciado, el 20 de mayo, una lenta recuperación de sus operaciones. “En junio espera pasar de 5 a 9% de su capacidad total previa a la crisis, y en julio alcanzaría un 18%”, informó entonces, señalando que esperaba recuperar hasta el 50% de la actividad hacia fin de año.
Impacto sin precedentes
Para ese momento, ya había despedido 1.400 trabajadores en sus representaciones de Chile, Colombia, Ecuador y Perú como parte de la reducción regional que decidió realizar a partir del impacto “sin precedentes” de la pandemia de covid19 en sus rutas latinoamericanas y globales.
El 26 de mayo, la prensa de todo el continente reportó que la aerolínea había solicitado la protección de la ley norteamericana como «proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda» ante el daño que la pandemia le causó a sus finanzas.
