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Cuando una empresa se instala fuera de su país, el reto no termina con los permisos ni con el cumplimiento legal. En sectores como minería, energía o agroindustria, el verdadero desafío comienza al llegar al territorio y convivir con comunidades que ya estaban allí.
La llamada legitimidad social —el reconocimiento de esas comunidades— se ha convertido en un requisito tan importante como la licencia ambiental o el marco jurídico.
Construcción en comunidad
Esa legitimidad se construye con diálogo, participación, respeto cultural y transparencia. No se trata solo de compensar impactos, sino de compartir beneficios, reconocer derechos locales y demostrar responsabilidad a largo plazo.
Repsol: diálogo permanente y respeto cultural
Repsol ha desarrollado un modelo de relación comunitaria que combina prevención, comunicación constante y compromiso local. Antes de iniciar operaciones, la compañía realiza estudios sociales y ambientales de línea de base para identificar riesgos, usos del territorio y modos de vida.
Cada proyecto incorpora relacionadores comunitarios, figuras locales que sirven de enlace entre la empresa y la población. También dispone de canales de reclamación accesibles y protocolos para resolver quejas con rapidez. En muchos casos, ha adaptado rutas de acceso, horarios o medidas ambientales tras dialogar con los vecinos.
Además, destina recursos a proyectos sociales en salud, educación o capacitación. Este enfoque no elimina todos los conflictos, pero ha reducido tensiones y reforzado su imagen en regiones donde opera.
Glencore: de los bloqueos a la consulta
En el sur de Perú, la mina Antapaccay, operada por Glencore, vivió fuertes protestas por el impacto ambiental y la falta de consulta sobre sus planes de expansión. Las comunidades andinas bloquearon los accesos y forzaron un proceso de negociación.
La empresa y las autoridades pactaron un cronograma de consulta previa y un plan de reparaciones para los afectados. Aunque la producción continuó, el desbloqueo marcó un punto de inflexión. La población obtuvo reconocimiento de sus demandas, y Glencore recuperó margen para operar con mayor estabilidad.
El caso demuestra que el diálogo estructurado y los mecanismos de participación son, más que una obligación, una herramienta de gestión de riesgos empresariales.
Barrick Gold: acuerdos con propietarios tradicionales
En la mina Porgera, operada por Barrick y sus socios, la empresa debió negociar con los landowners, los propietarios tradicionales del territorio. Los acuerdos alcanzados reconocen derechos sobre la tierra y establecen participación directa en los beneficios económicos del proyecto.
La compañía también garantiza empleo y contratación local, además de la participación comunitaria en decisiones ambientales o compensaciones.
Aunque el proyecto ha recibido críticas, su enfoque ha permitido una base de legitimidad más estable que la de otros emprendimientos mineros en condiciones similares. El reconocimiento formal de los derechos culturales y económicos de la población se ha convertido en un factor de sostenibilidad.
Shell: memorandos y fondos comunitarios
En el delta del Níger, Shell (SPDC) acumula décadas de conflictos sociales y medioambientales. Sin embargo, algunos avances recientes han reducido tensiones.
La empresa ha firmado Global Memoranda of Understanding (GMoU) con grupos comunitarios, donde se definen prioridades locales —agua, salud, educación o infraestructura— y la compañía financia los proyectos acordados.
Además, ha creado Community Trusts, fondos gestionados directamente por las comunidades con recursos asignados por la empresa. Cuando se producen daños o derrames, Shell ha establecido acuerdos de compensación legales o extrajudiciales.
Aunque su reputación sigue siendo frágil, estas herramientas han generado entendimiento y contención social, mostrando que la participación directa mejora los resultados a largo plazo.
El proyecto Quellaveco, en la región de Moquegua, es uno de los ejemplos más citados en América Latina sobre legitimidad social. La minera británica Anglo American priorizó el acceso al agua como eje de su relación con los agricultores locales.
La empresa financió obras para asegurar la disponibilidad hídrica y equilibrar su consumo con el uso agrícola. También impulsó infraestructuras rurales, capacitación laboral y proyectos productivos para diversificar los ingresos de la zona.
Estas acciones le valieron reconocimientos en premios de sostenibilidad en Perú y consolidaron su imagen como actor comprometido con el desarrollo del territorio.
Pautas comunes para construir consenso
Las experiencias de Repsol, Glencore, Barrick, Shell y Anglo American dejan lecciones valiosas sobre cómo se construye la legitimidad social en entornos complejos. Entre las más relevantes destacan:
- Diagnóstico participativo desde el inicio, con estudios sociales y ambientales que involucren a la comunidad.
- Consulta previa y reconocimiento de derechos culturales, especialmente en zonas indígenas.
- Acuerdos formales de beneficio compartido, con empleo local, infraestructura y compensaciones justas.
- Transparencia y canales de reclamación efectivos, con auditorías y seguimiento público de compromisos.
- Flexibilidad operativa para modificar planes según las condiciones locales.
- Presencia sostenida en el territorio, más allá de la fase inicial del proyecto.
Estos elementos configuran un patrón claro: la legitimidad social no se compra, se gana con coherencia, participación y constancia.
El permiso legal abre la puerta, pero no garantiza la permanencia. Las empresas que cruzan fronteras y buscan operar de manera sostenible descubren que el consenso con las comunidades es su mayor activo.
La legitimidad social se ha convertido en una estrategia de negocio que reduce conflictos, evita retrasos y protege la reputación corporativa. Al final, los proyectos que prosperan son los que entienden que sin comunidad no hay futuro empresarial.
