El Parlamento británico votará la controvertida reforma del sistema de prestaciones por discapacidad y enfermedad.
El texto, impulsado por el Ejecutivo de Keir Starmer, prevé una reducción de las ayudas para nuevos solicitantes, aunque se han introducido concesiones de última hora para contener la rebelión interna en el Partido Laborista.
La votación corresponde a la segunda lectura del proyecto de ley de Crédito Universal y Pago de Independencia Personal (PIP). Si se aprueba, continuará su trámite parlamentario.
Concesiones que salvan la votación y reducen el recorte
Liz Kendall, ministra de Trabajo, ha conseguido rebajar la presión en su bancada anunciando que los nuevos criterios del PIP solo se aplicarán a partir de noviembre de 2026 y no afectarán a los beneficiarios actuales.
Con ello, se reduce a la mitad el ahorro esperado, de 5.000 a 2.500 millones de libras anuales (de 5.900 a 2.950 millones de euros).
