El Parlamento británico votará la controvertida reforma del sistema de prestaciones por discapacidad y enfermedad.
El texto, impulsado por el Ejecutivo de Keir Starmer, prevé una reducción de las ayudas para nuevos solicitantes, aunque se han introducido concesiones de última hora para contener la rebelión interna en el Partido Laborista.
La votación corresponde a la segunda lectura del proyecto de ley de Crédito Universal y Pago de Independencia Personal (PIP). Si se aprueba, continuará su trámite parlamentario.
Concesiones que salvan la votación y reducen el recorte
Liz Kendall, ministra de Trabajo, ha conseguido rebajar la presión en su bancada anunciando que los nuevos criterios del PIP solo se aplicarán a partir de noviembre de 2026 y no afectarán a los beneficiarios actuales.
Con ello, se reduce a la mitad el ahorro esperado, de 5.000 a 2.500 millones de libras anuales (de 5.900 a 2.950 millones de euros).
En el caso del Crédito Universal, el complemento por incapacidad seguirá estando limitado a mayores de 22 años y en cuantías menores. Sin embargo, el Gobierno garantiza que los enfermos graves, terminales o ya protegidos mantendrán su cobertura actual.
Sostenibilidad del sistema y reinserción laboral
Desde Downing Street insisten en que esta reforma busca garantizar la sostenibilidad del sistema de ayudas para personas en edad laboral, especialmente tras el aumento de casos asociados a condiciones crónicas tras la pandemia.
A cambio de los recortes, el Gobierno se compromete a invertir 300 millones de libras (354 millones de euros) en programas de empleo, salud y formación para facilitar la reincorporación de estos colectivos al mercado laboral.
