Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya han entrado en vigor.
Siete meses después del comienzo del año y con las cuentas públicas de 2017 prorrogadas, el nuevo Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha conseguido sacarlos adelante, después de introducir las 32 enmiendas introducidas en su paso por el Senado.
El anterior Ejecutivo, formado por el Partido Popular, envió los PGE a la Cámara Alta a finales de mayo con el objetivo de darles luz verde el 20 de junio a más tardar. Sin embargo, los acontecimientos cambiaron el rumbo de los PGE y tras llevarse a cabo con éxito la moción de censura -por primera vez en la historia de la democracia- salen adelante con algunas modificaciones.
Si bien los socialistas han mantenido algunas partidas como la subida del 3% de las pensiones mínimas y del 1,6% para el resto, así como un aumento de la base reguladora para del 52% actual al 56% para las pensiones de viudedad, se trata de una medida con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que significa que los contribuyentes recibirán lo atrasado desde principios de año. Este 2018 con el índice de revalorización las pensiones han subido un 0,25%, por lo que este colectivo recibirá un 2,75% y un 1,35%, respectivamente.
Un coste que, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ha sido cifrado en 2.700 millones de euros entre 2018 y 2019. Esta cantidad se desglosa en 700 millones para las prestaciones de viudedad y 2.000 millones de euros para el resto de pensiones. Además, esta cuantía irá subiendo cada año como consecuencia de la revalorización anual.