Más de 13 millones de personas eligieron destinos rurales en 2024 y generaron un gasto directo de 5.563 millones de euros en municipios con menos de 10.000 habitantes. Un impacto que se concentra sobre todo en restauración, ocio, cultura y comercio minorista, con más de 3.200 millones invertidos en estos sectores.
Son datos de un informe elaborado por Airbnb, que analiza el efecto del alquiler de corta duración como palanca de reactivación económica en áreas rurales.
El estudio subraya que los turistas internacionales gastaron el triple que los nacionales: 3.874 millones frente a 1.690 millones de euros, aunque la cifra de visitantes fue similar en ambos casos.
Más viajeros, más empleo y sin presión sobre la vivienda
Según el informe, los pueblos que ofrecen alquileres de corta duración recibieron un 14% más de turistas que aquellos sin esta opción, con un crecimiento del 36% en el caso de visitantes extranjeros. El incremento se acentúa especialmente en municipios sin hoteles tradicionales.
El estudio también señala que esta actividad ha permitido crear empleo local. En los pueblos más pequeños se registró un aumento del 4% en los trabajos vinculados a hostelería y comercio. Además, cada nuevo alojamiento de corta estancia podría atraer a más de medio millón de turistas adicionales.
Castilla y León, Galicia o Aragón lideran el mapa rural
Airbnb distingue entre municipios «muy rurales» (menos de 5.000 habitantes y baja densidad demográfica), municipios rurales (menos de 10.000) y zonas más pobladas.
Según su análisis, más de la mitad de los pueblos en Castilla y León, Galicia, Aragón, Asturias o Castilla-La Mancha son muy rurales. En contraste, regiones como Madrid, Baleares o el País Vasco apenas superan el 5% de este tipo de localidades.
El informe aclara que el alquiler vacacional representa apenas el 0,6% del parque de vivienda rural y que la mayoría de estas casas son segundas residencias rehabilitadas, con capacidad media para cinco personas.
Solo el 1,7% de los municipios muy rurales tiene más del 5% de sus viviendas ocupadas por turismo, lo que descarta un impacto relevante en el mercado residencial.
Airbnb pide una regulación específica para el entorno rural
El documento insiste en la necesidad de normativas diferenciadas que reconozcan el valor del turismo rural y eviten aplicar restricciones pensadas para grandes ciudades. Propone exenciones fiscales, ayudas públicas específicas y acompañamiento legal para los propietarios.
También plantea que se prioricen las viviendas rurales en las subvenciones públicas, sobre todo si cumplen con criterios de sostenibilidad, digitalización o integración con la economía local.
