La anunciada reforma eléctrica, aclamada a bombo y platillo por el Gobierno, iba a ahorrar a los consumidores 15.000 millones por la rebaja del precio de la luz e iba a terminar con el déficit tarifario. Después de casi un año de su entrada en vigor está por ver que la promesa se cumpla. En los últimos meses el precio de la electricidad se ha disparado. En el tercer trimestre ha subido más de un 30%, a lo que hay sumarle las dos veces que Industria subió los peajes de la luz.
Respecto al déficit de tarifa, la reforma incluía que los 3.600 millones acumulados el año pasado los asumirían los consumidores en futuros recibos, pero por fin se iba a terminar con él. La realidad es muy tozuda y los costes siguen superando a los ingresos del sistema por encima de las previsiones del Gobierno. En la última liquidación de septiembre, el déficit provisional se ha situado en 3.589 millones, registrando un desajuste adicional de 1.212 millones, que no estaban contemplados en la reforma para que fueran absorbidos por el propio sistema y los consumidores.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de Energía, Alberto Nadal, tendrán que volver a improvisar una nueva solución. Las últimas decisiones del Ejecutivo para atajar los desajustes energéticos de España se han basado en cargar la factura de los consumidores. Los problemas estructurales del sector eléctrico se han replicado en el gasista, que va a acumular un déficit de 813 millones, según las previsiones de la CNMC. El Gobierno estableció para este ejercicio que la desviación entre costes e ingresos no podía superar los 600 millones. Superado este escenario, los pequeños clientes tendrán que asumir la diferencia en forma de deuda que se irá devolviendo en un plazo de quince años en los recibos.
Se acumula el déficit en el gas
Al desequilibrio del sistema gasista hay que añadirle la indemnización de 1.400 millones a ACS por el fallido proyecto Castor de almacenamiento de gas que también asumirán los consumidores. La planta se ha tenido que cerrar porque provocaba seísmos en Castellón, pero Florentino Pérez y sus socios tenían cubierta la inversión por el contrato con el Gobierno socialista que aseguraba el proyecto pasara lo que pasara. La deuda adquirida con ACS se pagará en 30 años a través del recibo del gas.
