Santiago de Compostela ha solicitado a la Xunta de Galicia su declaración como zona de mercado residencial tensionado, una condición regulada en la Ley de Vivienda de 2023 que permite al municipio adoptar ciertas restricciones en el mercado.
Así lo han anunciado este lunes la portavoz municipal de Santiago, Miriam Louzao, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (ambos del BNG), que han confiado en que el Ejecutivo gallego «atienda la solicitud».
Según han explicado en rueda de prensa, el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda (PP) tiene un plazo de seis meses para resolver esta petición; en caso de no hacerlo, se iniciaría un proceso contencioso-administrativo.
Lestegás ha incidido en que esta declaración «no es un fin en sí mismo, es una herramienta» para contener el precio de la vivienda aunque el concejal admite que los efectos tardarán en solucionarse dado que los problemas relativos a esta materia son «estructurales y no pueden solucionarse de un día para otro».
Tras la reunión semanal con su Gobierno, Rueda ha asegurado que estudiará la petición y que en su Ejecutivo será rigurosos a la hora de aceptar la misma si cumple con los requisitos exigidos, pese a que él personalmente no cree que esta sea la medida adecuada.
«No está funcionando» a la hora de bajar el precio de la vivienda, ha ahondado el mandatario autonómico.
Por ello, ha insistido en que el ayuntamiento deberá «asumir las consecuencias» de esta medida dado que es una decisión municipal.
