La tecnológica Meta no infringió la legislación antimonopolio de Estados Unidos en las adquisiciones de Instagram y WhatsApp. Así lo determinó el juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, al desestimar la acusación presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Las operaciones, cerradas entre 2012 y 2014, alcanzaron valores aproximados de 1.000 millones de dólares en el caso de Instagram y 19.000 millones de dólares en el de WhatsApp.
La FTC sostenía que estas compras redujeron la competencia potencial en el ámbito de las plataformas digitales, pero el tribunal consideró que el organismo no aportó pruebas suficientes para demostrar una conducta monopolística.
Complejidad en los límites
En su resolución, Boasberg destacó la complejidad de definir los límites de un mercado en constante transformación: «Con aplicaciones que aparecen y desaparecen rápidamente, que persiguen una moda pasajera y dejan atrás otras, y que añaden nuevas funciones cada año, es comprensible que la FTC haya tenido dificultades para delimitar el mercado de productos de Meta», señaló.
El juez añadió que el Gobierno federal «insiste en que Meta compite con los mismos rivales de siempre, que la empresa ostenta un monopolio dentro de ese reducido grupo y que lo ha mantenido mediante adquisiciones anticompetitivas», una interpretación que no comparte el tribunal.
La decisión supone que Meta no afrontará una orden de desinversión sobre dos de sus activos clave. WhatsApp es la aplicación de mensajería con mayor volumen de usuarios mensuales a nivel global, mientras que Instagram se sitúa entre las redes sociales con mayor implantación internacional.
Espaldarazo a la IA
El fallo facilita que la compañía continúe con el desarrollo de nuevas líneas de negocio, entre ellas los sistemas de inteligencia artificial.
Para los reguladores estadounidenses, la resolución representa un freno en su estrategia para reforzar el control sobre las grandes tecnológicas.
El Departamento de Justicia ha obtenido decisiones favorables recientes en casos contra Google en los ámbitos de publicidad digital y tecnología de búsqueda, aunque el proceso contra Meta evidencia los desafíos de aplicar marcos regulatorios tradicionales a mercados digitales en evolución.
