¿Necesitan las leyes analógicas una urgente revisión digital?

La semana pasada la operadora Vodafone publicaba un sorprendente informe del que se hacía eco inmediatamente The Guardian señalando cuan de cotidianas son las peticiones de escuchas tanto indiscriminadas como selectivas sobre sus clientes por parte de los servicios secretos y no tan secretos estatales en todos los países en los que tiene red propia.

Y decía Stephen Deadman, el responsable de Privacidad del grupo británico, que lo hacía en un alarde (-¿repentino?-) de transparencia y para que la ciudadanía tomase nota, y si estaba en su mano, comenzase a pedir cuentas a sus respectivos Gobiernos sobre estas abusivas prácticas más comunes de lo que se piensa y menos justificables de lo que debieran, que violan recurrentemente uno de los principales derechos básicos del ser humano.

La bomba de relojería Snowden

La realidad es que ya hace un año, Edward Snowden, entonces agente a la fuga de la National Security Agency norteamericana, destapó el pastel en el que andaba liado desde hacía años el Gobierno de los EEUU en los que sistemáticamente monitorizaba Internet a la caza en principio de terroristas y narcotraficantes y ya de paso las veces que se levantaba al baño la señora teralady del quinto o los gustos por los exóticos bailes Bollywoodienses del notas del bigotito del tercero.

Por un lado la mayoría de los países occidentales suelen tener una legislación con la que se les obliga a los operadores de telecomunicaciones a guardar todos los datos de contenido y metadatos (horario, fecha, destino, duración) durante cinco años, pero por otro estos deben permanecer custodiados de forma segura y encriptada. Esto es, se reconoce explícitamente la existencia de esta práctica a través de un mecanismo para extraer todos estos datos directamente del tráfico de red, y luego almacenarlos en servidores (¿propios, ajenos?) y se supone que sin tocar, ni siquiera para prácticas de minería ni análisis de big data.

En otros países como Hungría, Rumanía, Albania, Turquía, Egipto, Malta, Sudáfrica, Qatar o India es directamente ilegal revelar cualquier información relacionada con las escuchas telefónicas o la interceptación del contenido de las llamadas telefónicas y mensajes, incluyendo la existencia de tales capacidades. En teoría, claro, por lo que Vodafone solo revela en algunos casos los metadatos y en otros nada de nada. En la práctica, hay además seis países más en los que opera directamente (Ghana, Kenya, Mozambique…), en que la ley tampoco obliga a las operadoras de telecomunicaciones a instalar esas líneas de acceso directo, o permitir que los gobiernos lo hagan, pero que no se han incluido porque "podrían tomar represalias sobre las licencias otorgadas y emprender acciones de represalia directamente sobre nuestro personal".

Aquí lo que más rechina es que sean nuestros propios Gobiernos "democráticos" los que directamente enchufen su propia tubería para lograr trasvasar con total impunidad y fuera de control hacia sus centros de contraespionaje para escuchar, grabar y almacenar a su antojo las conversaciones, mensajes de texto, adjuntos y todo lo susceptible que pueda viajar por las ondas y los cables con sólo dar a un botón; incluso la triangulación de antenas y repetidores para establecer posiciones concretas sobre el mapa, todo ello sin un mandato judicial. Según Vodadone, lo normal es que para toda esta operativa se destine un personal al margen, con nula relación con el resto de empleados del grupo, pues los responsables del monitoreo y almacenamiento suelen trabajar "en salas aisladas y bajo cláusula de secreto profesional", lo que dificulta también obtener declaraciones e informes sobre sus actividades reales.

Si esto está siendo una práctica cotidiana en 29 de 29 países en los que está presente Vodafone, se hace muy difícil no pensar que es extensible al resto de operadoras de telefonía. En este extenso informe de 40.000 palabras se rompe el silencio por primera vez por parte de una operadora global y se detalla país a país las peticiones de búsquedas que ha recibido en el año 2012 por parte de los diversos Gobiernos.

En el caso particular de España, que ha sufrido durante décadas la barbarie del terrorismo etarra y luego un brutal atentado islamista, Vodafone revela que había recibido más de 24.212 órdenes de acceso a contenidos y 48.679 de metadatos. Si se compara con otros países del entorno, no son las 605.601 peticiones de metadatos de Italia, imperio de las diversas mafias, ni las dos únicas peticiones reconocidas en Bélgica con tensiones separatistas entre valones y flamencos.

Querer es poder

Según Deadman, "hemos decidido hacer un llamamiento para terminar con el acceso directo a las comunicaciones privadas que tienen las agencias gubernamentales como medio de obtener datos personales de nuestros clientes. Sin una orden oficial, no debería haber acceso. De esta manera, cuando recibamos cualquier petición de datos sin autorizar, siempre la podremos rechazar. El hecho de que cualquier agente gubernamental tenga que obtener previamente un pedazo de papel sellado ya es una importante limitación en la forma en que suelen actuar estos poderes".

Hasta ahora, en EEUU sólo compañías de software como Apple y Microsoft se habían decidido a publicar el número de solicitudes que habían recibido por parte de la NSA o el GCHQ británico, ya que estas actividades habían salido finalmente a la luz. Pero las compañías de telecomunicaciones, que necesitan licencias gubernamentales para operar, han sido mucho más remolonas en responder a las peticiones de transparencia de la sociedad civil. En EEUU, Verizon y AT&T han publicado datos, pero sólo en sus operaciones domésticas; Deutsche Telekom en Alemania y Telstra en Australia les han seguido el ejemplo. Pero muy pocos Gobiernos emiten informes de transparencia nacionales: Holanda, Reino Unido y cosa anormal en la región, Grecia. Pero ha sido Vodafone en un acto valiente la primera en detallar todas estas prácticas en un estudio global.

Todo ello quizá viene propiciado por la campaña "Reset the Net", impulsada por Snowden (ahora refugiado en Rusia), y a la que rápidamente se habían suscrito Google, Reddit, Mozilla y otras empresas tecnológicas y grupos activistas en defensa de la privacidad, para pedir un fortalecimiento de las leyes que garanticen el respeto a la inviolabilidad de las comunicaciones, también en la Red. "Hace un año, nos enteramos de que Internet está bajo vigilancia, y que nuestras actividades están siendo controladas para crear permanentes registros de nuestras vidas privadas -no importa cuán inocentes u ordinarias estas vidas pudieran ser", declaraba Snowden en The Washington Post. "Hoy podemos empezar el trabajo de cerrar efectivamente la recopilación sistemática de nuestras comunicaciones en línea, incluso si el Congreso de los EEUU no logra hacer lo mismo".

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