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Las negociaciones internacionales para alcanzar un tratado global que frene la crisis del plástico han vuelto a estancarse. Tras varios días de intensos debates en Ginebra, la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación por Plásticos (INC, por sus siglas en inglés) concluyó sin un acuerdo.
Una vez más, los Estados miembros de Naciones Unidas no lograron superar sus diferencias, dejando en suspenso la esperanza de un instrumento vinculante que regule el ciclo completo del plástico, desde su producción hasta su gestión final.
Una crisis sin final a la vista
El problema del plástico se ha convertido en uno de los mayores retos ambientales del siglo XXI.
Frente a esta realidad, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) adoptó la resolución 5/14 en 2022 con el mandato de elaborar un tratado global sobre plásticos que diera una respuesta integral a la crisis.
La idea era replicar lo que ocurrió con otros regímenes exitosos como el Convenio de Basilea (1989), sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, o el Convenio de Estocolmo (2001), sobre contaminantes orgánicos persistentes. Sin embargo, la experiencia demuestra que el diseño de un régimen internacional efectivo requiere superar dos tensiones clásicas: la divergencia entre países productores y países receptores de los impactos. Así los hechos, tres años después del mandato de UNEA, las negociaciones siguen encalladas. En Ginebra, las posturas volvieron a dividirse entre dos bloques claramente enfrentados. Por un lado, la Unión Europea, varios países africanos y latinoamericanos, así como pequeñas islas del Pacífico, apuestan por un tratado ambicioso que limite la producción de plástico virgen, establezca metas obligatorias y regule de forma estricta todo el ciclo de vida de este material. En el lado opuesto, potencias con una fuerte industria petroquímica y grandes intereses económicos en juego —como Estados Unidos, China, Arabia Saudí o India— prefieren un enfoque mucho más laxo, centrado en la gestión de residuos y en medidas voluntarias. Este bloque defiende que restringir la producción afectaría gravemente al crecimiento económico y al desarrollo industrial. La falta de puntos de encuentro entre ambos bandos ha hecho imposible avanzar en un texto de consenso. Según varios delegados presentes, ni siquiera se logró acordar un calendario de compromisos claros para el próximo encuentro. El bloqueo en las negociaciones plantea un dilema clásico del Derecho Internacional Ambiental: ¿Es preferible un tratado ambicioso, aunque deje fuera a los grandes productores, o un acuerdo más limitado, pero con adhesión universal? La experiencia del Convenio MARPOL (1973/78) resulta particularmente instructiva. Este tratado, diseñado como un marco general acompañado de anexos técnicos, permitió que los Estados se incorporaran gradualmente a distintas obligaciones, según su capacidad de cumplimiento. Aunque no recoge de forma expresa el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR), su estructura práctica refleja esa lógica: todos los Estados comparten la responsabilidad de proteger el medio marino, pero no todos están en condiciones de asumir las mismas cargas al mismo tiempo. Trasladar este enfoque al futuro tratado sobre plásticos podría abrir una salida al actual bloqueo: un marco vinculante con obligaciones mínimas universales, reforzado por compromisos escalonados y diferenciados. Así, los países con menor capacidad podrían sumarse desde el inicio sin quedar marginados, mientras que aquellos con mayor desarrollo tecnológico asumirían el liderazgo en la reducción de la producción de plásticos vírgenes y en la innovación para la economía circular. Este modelo también podría resultar más aceptable para Estados con fuertes intereses económicos en juego al permitirles entrar en el régimen con compromisos iniciales menos estrictos y aumentar gradualmente su nivel de ambición. Desde una perspectiva jurídica, esta vía refleja la tensión entre la necesidad de normas globales comunes y la realidad de un mundo profundamente desigual en recursos y responsabilidades. Lecciones como la de MARPOL muestran que, más que un tratado rígido y uniforme, lo realista es un instrumento flexible y evolutivo, que combine obligaciones básicas universales con mecanismos progresivos de incremento de la ambición. Solo un régimen de este tipo podría responder a la magnitud de la crisis del plástico, en coherencia con los principios fundacionales del Derecho Internacional Ambiental y con la urgencia de la sociedad global. El fracaso de las negociaciones en Ginebra no debería cerrar las puertas a volver a intentar pactar un futuro tratado sobre plásticos, pero sí que nos revela nuevamente las dificultades de traducir la voluntad política en un instrumento jurídico vinculante capaz de afrontar un problema global. La historia del Derecho Internacional Ambiental nos enseña que los consensos suelen construirse de manera lenta y fragmentada, y que los grandes avances dependen de la capacidad de conciliar intereses contrapuestos. En este contexto, el interrogante central permanece abierto: ¿Logrará el Derecho Internacional superar las inercias de la geopolítica y dotarse de un tratado global de plásticos con efectos reales y vinculantes, o quedará atrapado en un catálogo de buenas intenciones sin mecanismos efectivos de cumplimiento? Dos bloques irreconciliables
La lección del Convenio MARPOL
Posible desbloqueo
Necesidad frente a realidad
