El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este miércoles un acuerdo político sobre un conjunto de herramientas para abordar las quiebras bancarias, proteger a los contribuyentes y los depósitos.
«Esta reforma del marco de gestión de crisis y seguro de depósitos (CMDI) ofrece mayor protección a los contribuyentes y ciudadanos frente a las consecuencias de la quiebra de los bancos. Un sector bancario más fuerte beneficia a todos: a los mercados financieros, a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos», dijo el ministro polaco de Finanzas, Andrzej Domański, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la UE.
El CMDI, establecido originalmente a raíz de la crisis financiera de 2008, incluye tres documentos legislativos: la directiva de Recuperación y Resolución Bancaria (BRRD), el reglamento del Mecanismo Bancario Único (SRMR) y la directiva del Sistema de Garantía de Depósitos (DGSD).
«Para que Europa refuerce su competitividad, necesitamos un sector bancario europeo estable, fiable y resiliente», señaló el ministro.
El objetivo de la revisión es proteger los ingresos de los contribuyentes, aumentar el saldo de las cuentas bancarias, utilizar las facultades para gestionar los fondos de la forma más eficaz y garantizar la protección de los depositantes en toda la UE, destacó por su parte la Eurocámara.
Cerrar la brecha
El acuerdo de hoy facilitará el acceso de los bancos en crisis a las redes de seguridad financiadas por la industria (los fondos de resolución nacionales y, en la Unión Bancaria, el Fondo Único de Resolución) para financiar su resolución y eventual salida del mercado.
Esto se conoce como el uso de fondos de garantía de depósitos para cubrir la brecha, es decir, utilizar dichos fondos para complementar los colchones de absorción de pérdidas de fondos propios y pasivos convertibles (MREL) de un banco en quiebra, lo que garantiza que las pérdidas recaigan primero sobre los accionistas y acreedores del banco.
En consecuencia, los bancos con un MREL insuficiente en el momento de la resolución pueden, como último recurso, recurrir a los SGD o a los fondos de resolución (o FUR en la Unión Bancaria) para financiar su resolución sin recurrir a la recapitalización interna de sus depositantes.
Para salvaguardar la estabilidad financiera y mantener la disciplina del mercado, los colegisladores acordaron que el acceso a estas redes de seguridad financiadas por la industria estará sujeto a estrictas salvaguardias.
Evaluación del interés público
Un procedimiento de resolución solo podrá iniciarse si se considera de interés público.
El nuevo marco CMDI aclara cómo las autoridades de resolución deben llevar a cabo la evaluación de interés público (EIP).
Así, amplía los criterios, priorizando la resolución sobre la liquidación cuando esta favorezca la estabilidad financiera y la protección de los depositantes.
Esto aumenta la probabilidad de que un banco obtenga una EIP positiva, pero garantiza que la liquidación siga siendo la opción por defecto para gestionar los bancos en quiebra en la mayoría de los casos, en particular los bancos pequeños y medianos.
La nueva legislación también establece que, al evaluar las perturbaciones en la economía real, la autoridad de resolución debe centrarse tanto en el nivel nacional como en el regional, reflejando la huella potencial de algunos bancos pequeños y medianos.
«Prueba del menor coste» y reclamaciones
La legislación actualizada establece un enfoque armonizado para la aplicación de la denominada «prueba del menor coste» a fin de determinar si un banco puede utilizar los recursos del SGD en lugar de recurrir a otras medidas, como la liquidación mediante un procedimiento de insolvencia.
Garantiza así que el uso de los fondos del SGD no supere el importe de los depósitos cubiertos que mantiene el banco en cuestión.
El texto acordado mantiene la preferencia actual para el reembolso de los depositantes protegidos por el SGD en primera instancia, y un segundo nivel para los depósitos de hogares y pymes no cubiertos por el SGD.
Este orden de preferencia reforzará la protección de los depositantes y contribuirá a mantener la confianza en el sistema bancario, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones, según el Consejo.
