“La globalización ha llegado”, dice Manuel Pardos, presidente de ADICAE, en referencia a una cuestión que “va a revolucionar la vida de las personas, la economía y la política”. En el caso de la economía, la globalización supone la producción en distintos países, que la situación de un país influya en todos los demás, y también que esa libertad facilite la compra de bienes y servicios desde cualquier lugar del mundo.
El comercio electrónico ha centrado el evento de ADICAE, “Los consumidores ante los cambios del e-commerce”, que ha servido para aportar luz acerca de los planes de la Unión Europea para tratar de controlar esta tendencia que escapa con una vertiginosa velocidad de la regulación de los gobiernos estatales. Las grandes corporaciones han observado una oportunidad en el que hace unos años era un nicho sin explorar.
Las circunstancias son determinantes en este aspecto. En España, según los datos del Ministerio de Economía y Empresas, nueve de cada diez hogares tienen un ordenador en casa, mientras que el porcentaje de personas que lleva un móvil asciende al 98%. De este modo, no es de extrañar que el móvil sea el principal medio por el que se accede a internet y, de paso, que este elevado acceso a los smartphones se traduzca en que el 57% de los jóvenes hagan sus compras por internet.
No obstante, la evolución de ese mercado se ha producido por la vía del libre albedrío. “Como consumidores tenemos que estar dispuestos a defender nuestros derechos y a no caer a la tentación del ‘todo gratis’” que ofrece internet, explica Francisco Fonseca, representante de la Comisión Europea en España. Por ello, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, pretende establecer una nueva acta referente a los servicios digitales en los cien primeros días de su mandato.
Esta directiva “Omnibus”, que forma parte del “New Deal for Consumers” que adelantaba von der Leyen, cuenta con cuatro pilares que pretenden poner el foco en la responsabilidad de las empresas a la hora de comerciar por internet. En primer lugar, se encuentra el capítulo de sanciones. Ya existen multas a nivel local, explica Fonseca, pero se necesita ascender a un nivel europeo para sancionar los fraudes transfronterizos.
