Ørsted ha presentado una nueva demanda judicial contra el Gobierno de Estados Unidos para que revoque la paralización del parque eólico marino Revolution Wind, situado en la costa este del país. La acción legal se suma a un litigio previo iniciado tras una primera suspensión del proyecto.
La demanda ha sido interpuesta por la sociedad de riesgos del proyecto, participada por un consorcio liderado por Skyborn Renewables, ante un tribunal federal del distrito de Columbia.
El movimiento llega tras la decisión del Ejecutivo de suspender, el 22 de diciembre, cinco arrendamientos de grandes proyectos de eólica marina.
Ørsted busca que el tribunal revoque la suspensión administrativa y permita reanudar las obras de un proyecto considerado estratégico para el despliegue renovable en la costa atlántica estadounidense.
Un conflicto judicial recurrente
Revolution Wind ya fue paralizado en agosto, lo que dio lugar a una primera demanda judicial. En aquel procedimiento, el tribunal de Columbia autorizó un levantamiento temporal de la suspensión mientras se analizaba el fondo del asunto.
Ahora, el consorcio ha presentado una nueva acción legal y prevé solicitar una orden preliminar que permita continuar con el desarrollo del parque mientras se resuelve el litigio principal.
«Mientras Revolution Wind busca colaborar constructivamente con la Administración y otros interesados, considera que la suspensión del arrendamiento infringe la ley», señala Ørsted en un comunicado tras la presentación de la demanda.
Permisos y seguridad nacional
La energética danesa sostiene que la suspensión le provoca un daño sustancial, al tratarse de un proyecto que cuenta con todos los permisos federales necesarios desde 2023. Además, afirma haber alcanzado un acuerdo con el Departamento de Defensa para mitigar cualquier impacto en la seguridad nacional.
El Departamento del Interior justificó la paralización en riesgos para la seguridad nacional, apoyándose en informes clasificados elaborados por el Departamento de Guerra, sin aportar detalles adicionales sobre su contenido.
Ørsted cuestiona esta argumentación y defiende que los riesgos alegados ya fueron evaluados y gestionados durante el proceso de autorización administrativa del proyecto.
Impacto económico y energético
El parque Revolution Wind está ejecutado en un 87% y estaba previsto que comenzara a generar electricidad en enero, con capacidad para abastecer a más de 350.000 hogares y centros de datos durante los próximos 20 años.
La compañía también está evaluando todas las opciones legales respecto a Sunrise Wind, otro proyecto eólico marino afectado por la misma suspensión y considerado clave en su cartera estadounidense.
Entre los desarrollos paralizados figura también Vineyard Wind 1, impulsado por Iberdrola, lo que amplía el impacto internacional de la decisión adoptada por la Administración.
Giro político y riesgo inversor
La suspensión revoca arrendamientos concedidos durante la Administración de Joe Biden y pone en riesgo inversiones de miles de millones de dólares vinculadas al despliegue de la eólica marina en la costa este.
Desde su regreso al poder, Donald Trump ha reiterado su oposición a la energía eólica, alegando impactos negativos sobre el paisaje y los ecosistemas avícolas.
Este cambio de orientación política introduce un nuevo nivel de incertidumbre regulatoria para el sector eólico marino estadounidense, que había apostado esta tecnología como uno de los ejes de su transición energética.
