Después de licenciarse en Derecho hace más de 20 años, Ana Caballero decidió especializarse en las tecnologías de la información, hasta que en 2005 dio el salto y creó junto a otros dos socios su propia firma legal, convirtiéndose en una de las primeras hornadas de abogados especializados en esta temática. A comienzos de 2020, nació la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) y, desde hace cuatro meses, compagina su trabajo en el despacho con su puesto como vicepresidenta de la entidad, desde donde pretende aportar su granito de arena “para que se lleve a cabo una transición digital justa, ordenada e inclusiva”.
En una charla con DIRIGENTES, Caballero destaca el valioso aporte de la tecnología a la sociedad, aunque también resalta la importancia de dar a conocer los riesgos existentes para que cada persona pueda tomar una decisión informada.
¿Cómo ha afectado la pandemia a sus proyectos?
Desgraciadamente, la COVID-19 nos ha facilitado nuestra labor de concienciación y formación de la ciudadanía. El aumento del teletrabajo, la utilización de plataformas en el ámbito de la educación o las compras online nos han revelado la dependencia existente de empresas americanas o chinas. Empresas que tienen ‘en la gran mayoría de casos’ una concepción de la privacidad y de la economía del dato muy diferente a la que tenemos en Europa. Por ello, la AETD ha lanzado diversas campañas. La primera de ellas fue ‘Salva tu zona’, dedicada a poner en valor el comercio de cercanía, porque sin esas pymes y autónomos, España puede quedarse sin parte de su tejido empresarial, lo que nos haría depender más de compañías extranjeras, cuyo know how, innovación, fiscalidad y empleo de calidad no se quedan aquí.
Otra acción de concienciación fue la campaña ‘¿De verdad aceptas? Tienes derechos digitales’, cuyo objetivo no ha sido otro que poner en valor al consumidor y concienciar sobre los derechos digitales. Es decir, para generar confianza, el usuario debe de saber qué pasa al otro lado de la pantalla y, para ello, tiene que tomar decisiones basadas en información clara y transparente para conocer las consecuencias jurídicas de sus actos. También debe de tomar conciencia de que los servicios en línea contratados como gratuitos no lo son. Pagar con datos es pagar. Lo que ocurre es que el valor de lo que se entrega es desconocido por el consumidor. Este debate no se ha abierto apenas en España, y muy poco en Europa, por eso hay que ponerlo encima de la mesa. Si no se conoce el valor real de nuestros datos personales difícilmente se podrá regular un mercado digital.
