Las pensiones en España representan la mayor partida de gasto con diferencia. Es normal, ante una población cada vez más envejecida. Y más si cabe, si hablamos de los próximos años, cuando comience a producirse el retiro de la generación más numerosa y cotizada. Hablamos de los conocidos como “baby boomers”.
Un asunto que siempre levanta ampollas son los cambios estructurales en el sistema, que no se quieren enfrentar por los elevados costes políticos que comporta. Sin embargo, desde Bruselas, la petición de reformas para liberar los fondos europeos es una condición necesaria. Y de aquí a fin de año, hay modificaciones que se deben implementar. Esta que ahora tratamos es una de ellas.
Aumento de los años cotizados de 25 a 35 años
Una de las medidas más espinosas que se ha puesto sobre la mesa es elevar el cómputo de los años cotizados. De los actuales 25 hasta los 35 años. Algo a lo que se oponen de plano los sindicatos, porque entienden que elevar esa contabilidad de los años trabajados reduciría el cálculo de la pensión final, porque en los primeros años laborales, en buena lógica, se perciben sueldos más bajos y se cotiza menos.
En esta segunda parte del año, la Comisión Europea sí espera que se produzca esa ampliación del cómputo del periodo de cálculo de las pensiones, ya que las medidas implementadas hasta la fecha, con el nuevo sistema de los autónomos por cotización de ingresos reales, los planes de empleo de empresa o el retraso en la edad de jubilación, no parecen dar del todo sus frutos.
Sin embargo, la realidad es que buena parte de los trabajadores perdería cuantía, y en algunos casos, elevada, al sumar más años a esa contabilidad para jubilarse. Se habla del 70% de los empleados, aunque la cuantía sería diferente.