El documento, que han denominado ‘El programa del cambio’, destacan medidas como recuperar o crear nuevos impuestos, quitas a las hipotecas, la paralización de los desahucios o sanciones por la acumulación de más de diez viviendas vacías. Pero los máximos como una renta básica o revisión de la deuda. Podemos ahora propone una "plan de garantía de renta" para aproximar las rentas mínimas de inserción que ya existen en las distintas comunidades autónomas al salario mínimo interprofesional (SMI) anual de forma gradual y "en virtud de las posibilidades", detallan en el documento. Sobre la deuda pública su posición ha pasado de una auditoría a una evaluación. En caso de "colusión o mala fe", el documento recoge la posibilidad de la "reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho".
La medida estrella es la llamada Ley 25 de Emergencia Social, que contempla la paralización de los desahucios que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica. La formación morada plantea la implantación del procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas. El deudor presenta una propuesta a los acreedores que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas". Si no hay acuerdo, el juez decidirá el sistema de pagos.
Como en otras ocasiones el programa carece de memoria económica o de cifras que avalen la viabilidad de medidas. Así como tampoco hace referencia a las posibles trabas que plantee las distintas legislaciones autonómicas, nacionales o europeas para su implantación. Podemos confía en que el gasto de las iniciativas planteadas se compense con un aumento de la presión fiscal. Desde su fundación ha planteado un reparto más justo de la política fiscal con un aumento de impuestos a las rentas más altas. En el programa se detalla una reducción de los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros; suavización de los tipos para rentas entre 25.000 y 50.000 euros; incremento de los tipos de las rentas superiores a los 50.000 euros, en el tramo autonómico.
Además, de una revisión de la mayor parte de las deducciones en la cuota autonómica que carecen de carácter redistributivo con sentido progresivo, con el objetivo de igualar la fiscalidad entre Comunidades Autonómicas.
En este sentido, anuncian la recuperación del Impuesto de Patrimonio de manera efectiva y de forma coordinada entre las comunidades autónomas para evitar la competencia fiscal. Plantean reducir el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general.
Asimismo, proponen la derogación de las bonificaciones establecidas por algunas comunidades autónomas. Aumento de la reducción general por parentesco, con revisión de las cuantías de patrimonio preexistente de los herederos. Bonificación a las rentas medias y bajas, eliminación de aquellas que no tienen en cuenta la renta ni el patrimonio previo. Así como igualar los tipos impositivos en las transmisiones patrimoniales.
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