¿Por qué España rechaza el Fondo de Transición Verde europeo?

El giro europeísta y la vocación clara de luchar contra el cambio climático del primer Gobierno Sánchez en 2018 fue celebrada en Bruselas. La figura de Teresa Ribera como Ministra de Transición Ecológica era un soplo de aire fresco y España se situaba en la vanguardia política de la UE, con vocación de ejercer su influencia y peso como cuarta economía del euro.

Ahora, el mayor protagonismo de Ribera como Vicepresidenta ‘verde’ del Gobierno debería haber recibido más aplausos de la Comisión Europea, pero el idilio parece haberse enfriado. El nuevo Gobierno del presidente Pedro Sánchez aspira, en coalición, a mantenerse toda la legislatura y estar con fuerza para levantar la voz y rechazar propuestas que llegan desde Bruselas.

El flechazo se resquebraja precisamente por el lado climático, algo inesperado. La nueva Ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se estrenó en la capital comunitaria con una advertencia sorprendente.

“Quiero enviar un mensaje a mis colegas europeos, España está comprometida con la transición ecológica, España apoya de una manera muy clara y decidida el Fondo Verde de Transición Justa, pero estamos un poquito preocupados porque lo vemos muy verde pero no muy justo por el momento”, advirtió González Laya al llegar a su primera reunión de los Ministros de Exteriores de la UE.

En el Gobierno no han gustado las cifras que salen del mecanismo creado por la Comisión von der Leyen para ayudar a regiones y países en su descarbonización. El Fondo de Transición Justa contará inicialmente con 7.500 millones de euros y España sólo recibiría poco más de 300 millones, frente a los 2.000 millones de Polonia o los casi 900 millones para Alemania.

Rumanía, República Checa o Bulgaria también obtienen más dinero en el plan presentado por la Comisión Europea para compensar el cierre de minas y plantas de carbón, evitar masivas pérdidas de empleo, desarrollar programas de transición económica o fomentar la implantación de las energías renovables.

Por si la ofensiva desde Exteriores no fuese suficiente e inesperada en Bruselas, el mismo día coincidía con un Eurogrupo, la reunión de los ministros de Finanzas, y la Vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, respaldó las exigencias de su colega, apuntalando el armazón de discrepancias españolas.

“Nuestro gobierno ha dicho desde el principio que queremos una transición ecológica justa y eso es no sólo a nivel nacional, es también a nivel comunitario”, insistió Calviño, quien pide “lograr el equilibrio adecuado entre los distintos países” y cuestiona, sin citar a socios como República Checa, o Rumanía o Polonia, único Estado Miembro que no ratifica el acuerdo europeo de descarbonización para 2050, que “se remunere a países que a lo mejor tienen un menor compromiso con esta transición ecológica”.

Además de un premio de Bruselas para aquellos Estados Miembros “ambiciosos en la lucha contra el cambio climático”, en palabras de Calviño, o que “los países que han hecho un gran esfuerzo sin ese fondo ahora no se vean penalizados”, según González Laya, a España tampoco le salen las cuentas sobre su funcionamiento. Para beneficiarse de los recursos del fondo verde, los socios comunitarios tendrán que presentar planes territoriales de transición específicos sobre las regiones y sus necesidades y, por cada euro obtenido, un compromiso de canalizar al menos un euro y medio de las partidas europeas que reciben para desarrollo regional o programas sociales y de empleo. Para España, supondría drenar dinero de los Fondos de Estructurales y de Inversión de la UE, un cuantioso pastel de 34.000 millones de euros durante el presupuesto de la UE que empezará en 2021.

“Cuando digo que no es los suficientemente justo no es sólo una cuestión de cómo se reparte el Fondo”, explica la Ministra González Laya, “es el monto y el funcionamiento, cuáles son las condiciones detrás, porque queremos asegurarnos de que habrá un respeto de las reglas de la competencia leal en el uso”.

Calviño y González Laya son expertas conocedoras de los engranajes comunitarios y de su desarrollo hacia las capitales. La primera fue antigua vicedirectora general de Competencia y de Mercado Interior antes de convertirse en número dos del Presupuesto de la UE. Laya ocupó importantes cargos en la política comercial europea hace quince años. Ninguna de las dos quiere que fondos de Bruselas para la transición ecológica sean desviados hacia la reconversión de industrias pesadas o ineficientes, para la construcción de infraestructuras que deberían proceder de otras partidas o que camuflen ayudas de Estado para la reestructuración o consolidación de empresas y sectores.

Los 7.500 millones de euros son sólo la punta del iceberg del enorme Green Deal que irá desarrollando Bruselas en los próximos diez años. Con la atracción de inversión privada y el apalancamiento de fondos del Banco Europeo de Inversiones, su monto puede ascender hasta 100.000 millones de euros. Demasiado jugoso para no luchar en Bruselas por más dinero.

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