Los economistas clásicos manejan diversas soluciones para hacer frente a las crisis. La primera tiene que ver con una devaluación de la moneda para que, si bien el país nota un mayor impacto a la hora de importar, su actividad interna resulta beneficiada del intercambio al ingresar más dinero en su propia moneda. Sin embargo, los países tienen menos poder en ese sentido, dado que esa potestad la delegan en organismos supranacionales, como es el Banco Central Europeo.
Otra posible respuesta es la inversión pública. La teoría keynesiana invita a los estados a participar de la economía como impulsor de la actividad en periodos de crisis para compensar la falta de acción de la parte privada. Esta solución requiere de unas cuentas públicas saneadas, algo de lo que la administración española carecía durante los inicios de la crisis, con una deuda pública cercana al 100% del PIB.
La tercera de las reacciones pasa por una mejora de la competitividad. Esto es, que se mejore la producción con los mismos costes o, en su defecto, que se reduzcan los costes para mantener una producción similar. Este último caso puede considerarse como una devaluación interna que, en esencia, produce un efecto similar al de la primera medida explicada en este artículo.
Esta es la opción por la que optó el Gobierno de Mariano Rajoy con la reforma laboral de 2012, tal y como analiza el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre España. Según el organismo, dicha reforma contribuyó a conseguir una «recuperación económica más rápida y sólida», gracias a la flexibilidad de los salarios que «ayudó a la economía española a recuperar la competitividad y a crear puestos de trabajo».
No obstante, esta medida, como las otras dos, tiene inconvenientes. Si la devaluación de la moneda genera un debilitamiento de la economía nacional a la hora de importar productos y la inversión pública tiene incidencia sobre las cuentas públicas y la deuda, el FMI explica que la reforma laboral tuvo efectos negativos sobre los sueldos y el modelo de trabajo.
