En el día a día de las pymes y los autónomos, hay un elemento que pronto dejará de ser como era: la factura. En pleno proceso de digitalización, España avanza con paso firme hacia un modelo de facturación electrónica obligatoria que afectará a todo el tejido empresarial. La cuenta atrás ya ha comenzado.
Diversos expertos coinciden en que la implantación generalizada de la factura electrónica es solo cuestión de tiempo. Tras la aprobación de la Ley Crea y Crece, las empresas estarán obligadas a emitir este tipo de facturas. No se trata de una opción, sino de una exigencia alineada con los criterios europeos de eficiencia, trazabilidad y control fiscal.
La Comisión Europea sitúa a España entre los países más avanzados en esta materia, gracias al empuje conjunto del sector público y privado. «La facturación electrónica representa una oportunidad para las empresas de simplificar sus procesos administrativos y mejorar su competitividad en un entorno cada vez más digital», asegura Marta Gómez, experta en transformación digital de la consultora Eficacia 4.0.
Evolución constante
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación electrónica crece en torno al 15% anual. Esta evolución refleja no solo un cambio tecnológico, sino también una transformación cultural en la manera en que se entienden las relaciones comerciales.
Las previsiones apuntan a que en menos de cinco años será obligatoria para todas las empresas españolas, lo que obliga a las organizaciones a prepararse cuanto antes. No basta con incorporar un software de facturación: hay que revisar procesos internos, formar al equipo y garantizar el cumplimiento normativo.
Impacto económico y fiscal
La digitalización de las facturas permitirá a Hacienda mejorar los sistemas de control tributario, pero también reducirá la economía sumergida y fomentará una mayor transparencia financiera. Para las empresas, el ahorro de costes y la mejora en la trazabilidad son beneficios evidentes.
Sin embargo, el proceso también genera fricciones. La inversión tecnológica y la necesidad de formación suponen un reto para muchas microempresas y profesionales. Y en paralelo, surgen nuevos riesgos en materia de ciberseguridad.
«La facturación electrónica abre nuevas puertas para la agilización de los procesos comerciales, pero también conlleva riesgos en términos de seguridad de la información», señala Alejandro Sánchez, experto en ciberseguridad de la firma ProtecDATA. El cumplimiento del RGPD y la protección frente a ataques informáticos son ahora más cruciales que nunca.
La implementación de la factura electrónica no solo responde a una obligación legal, sino que puede convertirse en una ventaja competitiva. Automatizar tareas, reducir errores, mejorar la relación con los clientes y acceder a nuevos mercados son solo algunas de las posibilidades.
«La facturación electrónica representa un paso necesario en la modernización de las empresas españolas, pero también implica un proceso de adaptación que requiere tiempo y recursos», afirma Javier Pérez, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME). Para él, la clave está en el acompañamiento y la colaboración entre administraciones, consultoras tecnológicas y asociaciones empresariales.
Un proceso con fecha de caducidad
El tiempo para adaptarse se acorta. La recomendación general es no esperar a que el cambio sea obligatorio. La experiencia de otros países demuestra que quienes anticipan la transición digital mejoran su rendimiento y se integran antes en la nueva economía.
La factura electrónica es mucho más que un archivo en PDF: es un instrumento de gestión, control, automatización y competitividad. El futuro de las empresas pasa por asumirla con planificación, inversión y visión de largo plazo.
