Los pequeños y medianos negocios españoles hacen frente a una época convulsa que les afecta directamente. Imparable subida de precios, la reforma laboral o el recientemente estipulado salario mínimo interprofesional están poniendo entre las cuerdas a los pequeños empresarios del país. La mayor demostración de ello, la escasa contratación existente en el sector. Un porcentaje que supera el 80% es el que afirma que las pymes, en este 2022, no podrán ampliar plantilla.
Los próximos doce meses no se esperan grandes cambios en cuanto a la contratación de trabajadores por parte de las pymes. Así se ha publicado en el X Informe sobre la Financiación de la Pyme en España, donde prácticamente la totalidad de los encuestados dentro del ámbito empresarial pequeño y mediano, afirman no esperar grandes cambios para este año, en cambio, apuntan a una esperanza en cuanto a la estabilidad en el empleo.
Aproximadamente la mitad de las pymes españolas (un 47%) ni tan siquiera ve clara la continuidad de su negocio en el futuro más inmediato. Al igual que sucede con el gremio del autónomo, que un 60% afirma que no solo su situación ha empeorado, sino que espera que el declive continúe en los años próximos. Una incertidumbre que acecha sobre la inmensa mayoría de lo que, en España, representa más de la mitad del VAB (valor agregado bruto) y el 99% de las empresas.
Falta de respaldo legal para pymes y autónomos
El pequeño y mediano negocio, junto a los autónomos, hacen frente a una compleja situación legal que se acrecienta con el pago de las facturas, las gestiones socio-laborales con los empleados o el impago de facturas de los clientes. Pero, además, es un sector que no suele contar un respaldo legal demasiado potente, por lo que cualquier adversidad o desconocimiento se le presenta como una adversidad más que superar.
Cualquier conflicto legal con la plantilla o el hecho de desconocer el procedimiento para solicitar subvenciones públicas, a cualquier pequeño negocio o empresario le supone una mayor complejidad frente a una empresa de mayor tamaño, por ende, más respaldada legalmente. Trámites que se suman a los problemas cotidianos de cualquier pyme que hace aumentar su preocupación ante la continuidad del negocio.