El Gobierno español de Pedro Sánchez aprobó el martes en Consejo de Ministros un total de 16.000 millones de euros en ayudas directas y préstamos blandos bajo la motivación manifiesta de ayudar a las empresas y a los hogares a compensar los altos precios de la energía, en gran parte motivados por la guerra en Ucrania que están haciendo subir la inflación y avivando el descontento social. «El Plan de Choque de respuesta a la guerra protegerá a las industrias y a los ciudadanos», comentaba el mandatario el lunes en un evento.
El Plan del Gobierno
En este plan del ejecutivo, alrededor de 6.000 millones de euros procederán de ayudas directas y recortes fiscales, en su mayoría prorrogados de un paquete anterior relacionado con la pandemia del COVID-19, mientras que los 10.000 millones de euros restantes son préstamos subvencionados. También se limitarán las subidas de los alquileres de las viviendas y se pondrán topes a los precios de la energía.
A este ‘Plan de Choque de Respuesta a la Guerra’ aprobado y presentado en el Congreso, se le une la concesión por parte de Bruselas que lograba el ejecutivo y que, se ha apodado la “excepción Ibérica”. La medida, favorece a España así como a nuestro vecino Portugal, permitiendo a los países reducir el precio del gas y de la electricidad en base a su singularidad, debido a su baja dependencia de las commodities rusas y su apuesta por la energía limpia, rompiendo de esta manera y de forma temporal la uniformidad del mercado único en lo que respecta a los precios de la energía.
El límite del precio del gas se fijará en 30 euros por megavatio/hora y el Gobierno también extenderá a todos los ciudadanos la subvención de los carburantes para los camioneros y las empresas de transporte. Además, el Ejecutivo pagará 15 céntimos por litro, mientras que las compañías petroleras cubrirán al menos otros 5 céntimos.
Por otra parte, y según han destacado desde la agencia Reuters, los aumentos de los alquileres tienen un tope del 2% durante tres meses y los empresarios no podrán despedir a los trabajadores por razones económicas relacionadas con la invasión, pero habrá planes de despido. Además, los prestatarios que sean usuarios intensivos de energía tendrán un periodo de gracia de 12 meses, en el que las empresas deberán pagar los intereses, pero no el principal del préstamo.