En las últimas semanas, la reforma laboral de 2012 está siendo utilizada como un arma arrojadiza entre las diferentes facciones que forman el Gobierno de coalición. Hace apenas un año, sucedió el paso en falso de que el Gobierno se comprometió con Bildu a derogar la reforma por completo a cambio de que el partido vasco votara a favor de la prórroga del estado de alarma.
Entonces, la patronal entendió esto como una injerencia política en el diálogo social y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, negó que fuera a hacerse ningún cambio. A partir de eso, una parte y otra del Gobierno han dicho de todo: que solo había que derogar una parte, que lo harían por completo, que se haría con el consenso entre patronal y sindicatos…
Lo que hay de cierto es que las primeras conversaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales comenzaron en marzo y abril. La nueva legislación laboral tiene objetivos ya marcados por las recomendaciones de la Comisión Europea que, por cierto, son una parte de los compromisos que España tiene que cumplir para seguir teniendo el visto bueno de Bruselas.
A saber, se pide una nueva regulación para los contratos que termine con la dualidad entre temporales e indefinidos, así como limitar la tipología de contratos. Esto iría en contra de algunos sectores económicos con mucha pujanza en España, como el turismo y los servicios, que son principalmente temporales.
Además, se pretende crear unos nuevos ERTE basados en los que se pusieron en marcha a raíz de la pandemia. En este caso, la base está hecha, pero la finalidad es que las empresas puedan acogerse a este mecanismo para reorganizarse y que los trabajadores se formen para poder realizar otras tareas. Por último, se intenta dar un valor preeminente a la negociación colectiva para incrementar el peso de los trabajadores frente a los empresarios.
