Faltan escasas semanas para las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Con la Cámara de Representantes en manos de los republicanos y el Senado en el aire, las próximas elecciones son cruciales para el futuro de reformas como la fiscal, que pretende frenar la evasión de impuestos de las grandes empresas, o la migratoria. Ante un posible cambio de escenario, las principales compañías del país no quieren dejar su futuro en el aire.
A la hora de hablar de financiación, tenemos que diferenciar tres planos. El federal, en el que se elige al Presidente y a los Congresistas; en el de cada uno de los Estados miembros, donde se vota a los gobernadores y las asambleas legislativas; y el plano local, en el que elige a alcaldes y ayuntamientos.
La influencia política de los más ricos
Los partidos políticos necesitan muchos fondos para financiar las campañas millonarias que diseñan. Es en este plano donde los más ricos adquieren relevancia. Para evitar cualquier irregularidad, desde enero de 1976, los partidos políticos tienen la obligación de informar sobre la procedencia de los fondos que reciben para impedir la corrupción electoral. Las vías para la financiación son dos: la pública y la privada.
La financiación pública, una opción que existe desde 1971, está prácticamente descartada ya que si se aceptan fondos públicos se deben rechazar los privados. En cuanto a la financiación privada, se canaliza a través de los Comités de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés). Estas organizaciones se encargan de recoger las donaciones de simpatizantes, sindicatos o empresas. La peculiaridad de estos PAC es que tienen un límite de contribución: no pueden aceptar una cantidad superior a los 2.500 dólares.
