La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha publicado una guía en la que compara y explica la fiscalidad que soporta el sector en cada país miembro de la Unión Europea. A la hora de comprar un coche, los consumidores de la Unión Europea pagan el IVA (en el caso español es del 21%, pero alcanza el 25% en Dinamarca, Croacia o Suecia) y el impuesto de matriculación. En España, este último se fija basándose en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y va desde el 4,75% (para coches que emitan entre 121-159 gramos por kilómetro) hasta el 14,75% (200 g/km o más). El impuesto de matriculación es variable en todos los países miembros. La contaminación del vehículo es la variable que define este impuesto en casi la mitad de los países miembros, aunque en algunos casos se le suman otros aspectos, como la cilindrada del vehículo, su antigüedad o su precio. Por ejemplo, en Francia este impuesto se rige por un sistema que recompensa o penaliza las emisiones de CO2. En Reino Unido se fija por el valor del coche o el precio de reventa. Y en Italia está determinado por el peso y el número de asientos del vehículo. Más allá de estos impuestos, los dueños de los vehículos también tienen que enfrentar el pago de otras tasas una vez adquirido el coche de forma periódica (normalmente anual). En España, los vehículos de pasajeros tienen que pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVMT), que en el caso de los turismos fija su cuantía en función de sus “caballos fiscales”, una medida que resulta de una fórmula matemática que mide distintas características mecánicas del vehículo. En cambio, en otros países los dueños de estos vehículos pagan un impuesto anual extra por las emisiones de CO2 (como en Bulgaria, Chipre, Francia o Irlanda) o según la cilindrada (Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia). Otros, como Hungría, se basan en la antigüedad del coche; y otros, como Estonia, no tienen ningún impuesto extra que deba pagar el propietario del vehículo. 
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