Redeia celebra este lunes su junta general de accionistas en un contexto marcado por las tensiones generadas tras el apagón peninsular del pasado 28 de abril. En la cita, que será telemática, se votará el nombramiento de nuevos consejeros, entre ellos la economista Natalia Fabra y la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
El orden del día incluye también la aprobación de las cuentas anuales de 2024, el reparto de dividendo y las retribuciones del consejo. Se someterán a votación la reelección como consejero independiente de José María Abad y el nombramiento de Albert Castellanos en la misma condición.
Durante el turno de palabra de los accionistas, se espera la intervención de representantes de inversores minoritarios que cuestionarán la gestión del «cero eléctrico» y el papel desempeñado por la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Las organizaciones Aemec, Better Finance y la World Federation of Investors han anunciado su participación como titulares de acciones para expresar su malestar.
Aunque no plantearán el cese de Corredor en esta junta, al considerar que la participación estatal del 20% a través de la SEPI lo impediría, sí dejarán constancia de su descontento y la invitarán a dimitir.
Las críticas se centran en la gestión de la crisis del apagón y en la falta de claridad entre los informes publicados por el operador del sistema y el comité investigador del Ministerio para la Transición Ecológica. Este último atribuyó el incidente a un «origen multifactorial», vinculado a un «fenómeno de sobretensiones».
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, indicó que aquel día faltó capacidad de control de tensión, bien por insuficiente programación (atribución de Red Eléctrica), bien por incumplimientos de las eléctricas, o por una combinación de ambas causas.
Red Eléctrica, en cambio, publicó su propio análisis en el que responsabilizaba a las centrales obligadas a aportar control de tensión por no cumplir sus compromisos, lo que —según defendía— habría evitado el incidente.
Durante la presentación del informe, Beatriz Corredor se definió como «una persona con acreditada vocación de servicio público» y recordó que su cargo depende del consejo y de los accionistas. Al ser preguntada por su continuidad, replicó: «Si una autoridad competente detecta responsabilidades, ¿también se va a pedir la dimisión de los presidentes de otras compañías implicadas?».
