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El reciente rechazo a la aprobación de la jornada de 37,5 horas ha abierto de nuevo el debate sobre los costes que supondría para el tejido empresarial español.
La medida, inicialmente orientada a mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal, abre una serie de interrogantes que atraviesan el debate político, la negociación colectiva y la cuenta de resultados de muchas empresas.
¿Quién se vería afectado por la medida?
Aunque se habla de una reforma con vocación universal, los impactos serían muy desiguales. Según los últimos datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE y estimaciones de Cepyme, la reducción afectaría de forma directa a unos 8,8 millones de trabajadores que, a día de hoy, superan las 37,5 horas semanales de forma contractual.
El sector público, en cambio, saldría apenas rozado. Según cálculos del Ministerio de Función Pública, menos del 5% de los empleados públicos trabajan más allá de ese umbral. Esto explica que el coste estimado para la Administración sea de apenas 15 millones de euros al año, mientras que el impacto sobre el tejido empresarial privado podría multiplicarse por más de 2.500.
Según los expertos, el efecto en una pyme puede ser notario. Y resaltan que el impacto sería decisivo en sectores como hostelería, comercio o transportes, donde la intensidad horaria es estructural. El debate deja de ser teórico al revisar las proyecciones de impacto económico. Los cálculos más citados son los de CEPYME, que estima un coste agregado de: En un escenario estándar, el coste adicional medio por pyme sería de 4.800 euros anuales. Una cifra modesta si se mira en frío, pero significativa para empresas con cinco o seis empleados y márgenes ajustados. En las grandes compañías, la absorción del impacto depende más de su estructura interna que del número de empleados. Las multinacionales con plantillas digitalizadas, trabajo por proyectos o turnos rotativos podrían integrar el cambio con relativa facilidad. Otras, con cadenas de servicio intensivas en presencia física, lo verán como una amenaza directa a su competitividad. Uno de los sectores más sensibles a esta reforma sería el turístico. Según un informe elaborado por Exceltur, la reducción a 37,5 horas podría traducirse en: No es una cifra menor en un sector que aporta el 12,8 % del PIB nacional y emplea de forma directa o indirecta a más de 2,6 millones de personas. Los defensores de la medida —principalmente sindicatos y parte del Gobierno— insisten en que la reducción de jornada puede ser palanca de productividad si se gestiona correctamente: optimización de procesos, automatización, eliminación de tareas repetitivas. Pero los datos no siempre respaldan esa correlación de forma directa. España presenta una productividad por hora trabajada inferior a la media de la eurozona. Y aunque trabajar menos horas ha demostrado ser positivo en contextos de alta cualificación y bajo presencialismo, el riesgo de traslado directo del coste a precios es real. “Sin un plan de adaptación sectorial y apoyo específico a las pymes, es probable que esta medida deteriore el empleo en lugar de reforzarlo”, advertía recientemente un informe técnico de Fedea. En las conversaciones con directivos del middle market y propietarios de pequeñas empresas, aparece una constante: preocupación por el coste no económico de la medida. Algunos ya empiezan a explorar soluciones: automatización de tareas administrativas, reparto de funciones entre más empleados a tiempo parcial, jornadas intensivas y digitalización de procesos internos. Pero no todos tienen los recursos ni la estructura para adaptarse sin coste. La Administración, paradójicamente, es el actor más protegido frente a esta reforma. Sus trabajadores ya están —en su mayoría— en jornadas iguales o inferiores a 37,5 horas. La implementación real tendría un coste marginal en comparación con el sector privado. Esto abre un dilema político: si el coste público es bajo, y el coste privado elevado, ¿quién debe asumir la transición? En Francia, cuando se aplicó la jornada de 35 horas, el Estado asumió incentivos fiscales a las empresas que adoptaban el cambio. En España, por ahora, no se ha anunciado un plan de compensación concreta. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es una de esas reformas que parecen sencillas en el papel, pero que tienen implicaciones de gran calado en la arquitectura económica nacional. La clave no está solo en cuánto trabajamos, sino en cómo trabajamos, para qué y con qué herramientas. Porque en la economía del siglo XXI, el tiempo sigue siendo oro. Pero cada vez importa más cómo se invierte ese oro.
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