En un mundo donde las decisiones políticas afectan directamente a intereses económicos, sociales y medioambientales, el lobby —o cabildeo— se ha convertido en una herramienta legítima, pero también polémica. ¿Quién influye en los que gobiernan? ¿Y bajo qué reglas?
Controlar la actividad de los grupos de presión es esencial para la transparencia en cualquier democracia. «Se trata de un mecanismo de rendición de cuentas a los ciudadanos», explica Giorgio Cerina, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura.
Diferentes países en el mundo regulan por normativa o registro la actividad de los lobbies y su influencia política, de manera total o parcial, aunque sigue siendo algo minoritario en el conjunto global.
Estados Unidos fue pionero en regular el lobby. Desde 1995, la Lobbying Disclosure Act (LDA) obliga a los cabilderos federales a inscribirse y declarar trimestralmente sus actividades, clientes y gastos si destinan al menos el 20 % de su tiempo a influir en decisiones del Congreso o del Ejecutivo.
En 2007, la ley se reforzó con la Honest Leadership and Open Government Act, que impone sanciones civiles, prohíbe ciertos regalos y amplía la transparencia. Además, el Foreign Agents Registration Act (FARA) exige un registro específico para quienes actúan en nombre de gobiernos u organizaciones extranjeras.
«La ventaja que tienen es que las empresas y grupos inscritos en el registro tienen el derecho de ser escuchados», argumenta Giorgio Cerina.
Aunque se aplaude su marco legal, también hay críticas. La creciente influencia de grandes tecnológicas en Washington —como Amazon, OpenAI o Meta— ha reavivado el debate sobre la puerta giratoria y la efectividad real de los controles.
Un modelo de referencia
Canadá es uno de los países más avanzados en control del lobby. Desde 1989 cuenta con una Lobbying Act que exige registro obligatorio y designa a un Comisario de Lobbying independiente, encargado de fiscalizar, investigar y publicar informes públicos sobre esta actividad.
Los lobbistas deben declarar cada comunicación con funcionarios federales dentro de un plazo de 15 días. Las sanciones por omisión o falsedad pueden incluir multas e incluso procesos penales.
Además, existe una base de datos accesible donde cualquier ciudadano puede consultar los objetivos del lobby, los nombres de los funcionarios contactados y los temas discutidos.
Este modelo se considera uno de los más estrictos y eficaces del mundo, gracias a su independencia institucional y a la obligación de actualización constante.
Ámbito europeo
En el corazón de Bruselas, la actividad de lobbies es constante. Para ordenarla, la Unión Europea dispone del Registro de Transparencia, obligatorio desde 2021 para cualquier grupo o persona que desee influir en las decisiones del Parlamento Europeo, la Comisión o el Consejo de la UE.
«Todas las partes interesadas que deseen influir en la labor de la Comisión deben aceptar los más altos estándares de ética y transparencia y se han de inscribir en el Registro de Transparencia», explican a The Officer fuentes de la Comisión Europea.
Esta norma se reforzará aún más en 2025: todo el personal directivo de la Comisión solo podrá reunirse con grupos inscritos. Las reuniones y sus actas deberán publicarse online.
El Registro está gestionado de forma conjunta por las tres instituciones principales de la UE y se acompaña de un Código de Conducta común, que exige transparencia sobre objetivos, clientes y financiación, así como respeto institucional.
«La política de transparencia de la Comisión es sólida, detallada y eficaz, y así respalda el firme compromiso de la Comisión con la promoción de la buena gobernanza, la transparencia y el mantenimiento de altos niveles de confianza pública en el proceso de toma de decisiones en la UE», aseguran desde la Comisión Europea.
Desde la institución destacan que en 2024 se tramitaron unas 7.000 solicitudes de acceso a documentos, de las que el 80 % recibió respuesta favorable total o parcial.
Sin embargo, aún hay margen de mejora. Informes del Tribunal de Cuentas Europeo han señalado fallos como registros incompletos o falta de control sobre reuniones informales. Mientras, ONGs como Corporate Europe Observatory exigen que toda forma de influencia, incluso indirecta, esté sujeta a transparencia pública.
¿Qué ocurre en España?
España ha vivido más de tres décadas de intentos fallidos de regular los lobbies. Sin embargo, en los últimos meses el Congreso ha activado una propuesta para establecer un registro público, gratuito y obligatorio, inspirado en el modelo europeo.
El proyecto de ley estatal contemplará la inscripción obligatoria de aproximadamente 28.000 entidades y personas, junto con un código de conducta, sanciones y la llamada huella normativa que refleje la influencia en la elaboración de leyes.
Mientras tanto, varias comunidades han tomado la delantera y ya cuentan con normativas y/o sistemas específicos que regulan la actividad de lo grupos de interés.
Generalitat Valenciana
La Generalitat Valenciana ha apostado por una regulación propia a través del REGIA (Registro de Grupos de Interés), que identifica públicamente a personas y entidades que intentan influir en decisiones públicas.
El objetivo es «hacer visible la influencia que se ejerce sobre la toma de decisiones públicas y prevenir la opacidad en la gestión institucional», exponen fuentes de la Generalitat.
REGIA obliga a aceptar un Código de Conducta, que incluye principios de legalidad, integridad, transparencia y respeto al procedimiento administrativo.
El registro es obligatorio para quienes deseen mantener reuniones con altos cargos autonómicos. Se dividen en tres categorías: sector privado, sector público institucional y sociedad civil organizada. También pueden inscribirse personas físicas con intereses legítimos.
«La pregunta clave es qué ganan los que se registran en este tipo de sistemas», cuestiona Cerina.
Desde el gobierno valenciano inciden en la obligatoriedad de figurar para poder reunirse con miembros de las instituciones públicas. Las sanciones por incumplimiento son administrativas e incluyen desde la suspensión temporal hasta la baja definitiva en el registro.
Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya fue pionera en España al establecer su propio Registre de Grups d’Interès en 2016. Gestionado por la Oficina de Transparència i Bon Govern, este sistema incluye a empresas, fundaciones, asociaciones, sindicatos y profesionales que realizan actividad de influencia sobre cargos públicos.
Su funcionamiento es similar al valenciano con inscripción obligatoria para mantener reuniones con altos cargos, publicación de las agendas institucionales y la aceptación de un código ético específico.
Además, se incluye una memoria anual donde se recogen los contactos declarados, promoviendo un seguimiento más activo. Cataluña es, junto a Valencia, una de las comunidades autónomas con mayor desarrollo institucional en esta materia.
Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid aprobó en 2019 su propia regulación de los lobbies dentro de la Ley de Transparencia. El registro distingue entre personas físicas y jurídicas, y obliga a quienes deseen ejercer influencia sobre altos cargos y directivos del sector público autonómico a inscribirse previamente.
También establece la obligación de declarar el objeto de las reuniones y la identificación del personal público contactado. El sistema madrileño prevé un régimen sancionador en caso de incumplimiento, aunque aún está pendiente una evaluación pública sobre su funcionamiento real.
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha cuenta con un registro autonómico desde 2018. Su objetivo es reforzar la rendición de cuentas y prevenir conflictos de interés.
La inscripción es obligatoria para poder reunirse con miembros del Gobierno regional y altos cargos, y va acompañada de la aceptación de un código de conducta que promueve la legalidad, la transparencia y la imparcialidad.
Aunque el número de inscripciones es menor que en otras comunidades, la normativa contempla la posibilidad de sancionar a los grupos de interés que omitan su inscripción o proporcionen información falsa.
Tres niveles, un mismo objetivo
Aunque cada sistema tiene matices, todos buscan lo mismo: garantizar que el lobby sea una actividad legítima, pero regulada, basada en la transparencia y el control público.
¿Es suficiente?
La existencia de registros no garantiza por sí sola la transparencia. La eficacia real depende de cómo se fiscaliza su cumplimiento, del control sobre reuniones informales y de la capacidad de sancionar a quienes incumplen.
«La Comisión continuará trabajando con este enfoque y seguirá plenamente comprometida con la apertura, la rendición de cuentas y una comunicación clara con todas las partes interesadas», insisten desde Bruselas.
Pero a medida que los grupos de presión diversifican sus tácticas —usando informes académicos, fundaciones pantalla o foros independientes— las administraciones deben ir más allá del papel. La regulación del lobby no es solo una cuestión legal, sino una necesidad democrática.
