Lejos queda ya la calificación AAA que le dio S&P en 2007, antes de la crisis financiera, y su séptimo puesto en la lista Forbes Magazine Global 2000 de las compañías públicas más grandes del mundo. De poco le sirve la fama de haber conseguido convertirse en 2015 en el banco más grande del mundo por capitalización de mercado, y tampoco ser, actualmente, el segundo mayor banco en depósitos, servicios hipotecarios y de tarjetas de débito de Estados Unidos. Su reputación no deja de disminuir desde hace unos años por sus prácticas irregulares por las que Wells Fargo ha pagado varias multas multimillonarias tras una sucesión de escándalos que comenzaron en 2016, cuando los reguladores comunicaron que el banco había abierto millones de cuentas falsas, lo que se traducía en millones de dólares en tasas a pagar por los consumidores. Esto desató una serie de investigaciones federales y estatales. El mal comportamiento se ha generalizado en todo el banco y los problemas en Wells Fargo se han multiplicado. Sus 40 millones de clientes están en continua alerta.
2018: en el punto de mira de los legisladores
En lo que va de año las noticias sobre el banco no dejan de aumentar. Numerosos fraudes y escándalos están saliendo a la luz y las demandas sobre Wells Fargo se acumulan.
Uno de los últimos casos se ha producido hace apenas un mes. Según publicaba The Wall Street Journal, empleados de la compañía cometieron fraude alterando inapropiadamente información de los clientes. La situación está bajo investigación del Departamento de Justicia estadounidense que ha pedido a la entidad más información y documentos para examinar si se incurrió en delito. Según el periódico, “ciertos empleados agregaron información a los documentos de los clientes, tales como números del seguro social y fechas de nacimiento”, sin contar con el consentimiento de estos. Alan Elias, vicepresidente y jefe de ventas de Wells Fargo, se negó a dar explicaciones, diciendo que el banco no ofrece comentarios en relación a asuntos regulatorios.
El Departamento de Justicia está interesado en saber si hay un patrón de comportamiento inmoral y potencialmente fraudulento por parte de los empleados, y si éste está vinculado a cierta presión impuesta por parte de sus superiores porque no es la primera vez que el fraude en la entidad apunta a los empleados.