Rusia ha confiscado activos privados por valor de 3,9 billones de rublos —unos 50.000 millones de dólares— desde 2023, lo que equivale al 2% del PIB del país, según un informe del bufete de abogados NSP recogido por el diario Kommersant.
El informe contabiliza 102 empresas expropiadas en ese periodo, entre ellas filiales de multinacionales como Shell y ExxonMobil. Las nacionalizaciones no se limitan a esas compañías: el valor total de lo confiscado equivale al gasto mensual del presupuesto federal ruso.
La Fiscalía presta especial atención a los beneficiarios con doble nacionalidad o vínculos con el extranjero, así como al pago de dividendos a empresas foráneas o la posesión de activos fuera de Rusia.
El despacho recomienda a los empresarios rusos renunciar a segundas ciudadanías y bienes inmobiliarios en el extranjero, y establecer alianzas con entidades estatales para reducir el riesgo de ser objeto de una confiscación.
Este proceso se enmarca en lo que el documento califica como la transición hacia una Rusia fortificada, un modelo económico que abandona el marco globalizado y responde a las sanciones internacionales por la invasión de Ucrania en 2022.
El jueves se celebrará un juicio por la posible expropiación de Yuzhuralzoloto, una de las mayores mineras de oro del país, tras registros en sus oficinas la semana pasada.
