El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido sin parar que se hará «lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta», emulando al ya famoso «Whatever it takes» de Mario Draghi cuando trató de salvar el euro. No obstante, las diversas medidas que anunció Sánchez no dejan de ser un primer paquete, si bien, en consonancia con su discurso, dejan ver la disposición del Gobierno a no dejar caer la economía española.
El presidente habló de una movilización de recursos «colosal», que alcanzaría los 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB de España. De esa cifra, hay que aclarar que el Gobierno aportaría 117.000 millones, y el resto procederían del sector privado. En todo caso, esta primera batería ya ha suscitado opiniones, tanto de la parte empresarial como de los expertos en política económica.
El Consejo General de Economistas (CGE), en palabras de su presidente, Valentín Pich, aclara que el Plan de Choque va «en una buena dirección», si bien enfrenta el problema de que «quedan por perfilar muchos matices para concretar estas nuevas medidas». En todo caso, desde el CGE han mostrado su «total apoyo a estas iniciativas del Gobierno».
En ese sentido, la crítica proviene de las desigualdades que se producen entre las empresas que pueden acogerse a las medidas y aquellas que no. «Debería primarse también de alguna manera a aquellas empresas que, pese a las dificultades, siguen manteniendo un razonable nivel de actividad y el empleo de sus trabajadores», afirma la organización en un comunicado.
De ese modo, el CGE pide que las empresas y autónomos que continúen con su actividad deberían poder dejar de abonar «temporalmente» la aportación empresarial a la Seguridad Social, al igual que las que presenten ERTEs. El plan actual «estaría priorizando o dando mayores ventajas al cese de actividad y la suspensión de los contratos de trabajo».
