El anuncio de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado en el Congreso de los Diputados no está exento de controversia. El incremento de la cotización máxima a la Seguridad Social será de un 8,6%, con una subida de hasta 54.000 euros anuales, el máximo de la retribución salarial.
Dicha tributación conlleva un aumento de la recaudación del sistema y, por ende, un ascenso en la cuantía abonada por los empresarios que son quiénes se hacen cargo del pago de esa base. Medida que afectará especialmente a aquellos que tengan en plantilla a profesionales con un salario bruto mensual que alcance los 4.495 euros (actualmente, 4.139,40 euros mensuales).
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, respaldada por Unai Sordo, presidente de Comisiones Obreras, presentaba esta misma semana tales presupuestos en la sede de CCOO. Ambos expresaron su desconcierto ante las declaraciones previas a la reunión por parte del presidente de la patronal de los empresarios, Antonio Garamendi, refiriéndose a ellas con “sorpresa” por parte de la ministra y tachándola de “sobreactuación” en el caso del secretario general del sindicato.
Indignación por parte de la CEOE
El representante de la CEOE participaba ese mismo día en el Foro Económico ‘La empresa ante los nuevos retos de 2023’ en el que, a lo largo de un discurso en el que analizó la delicada situación que atraviesa el tejido empresarial español, no dudó en hacer hincapié en que hay que trabajar con “sentido de Estado” además de con “lealtad institucional” para que todo el país reme en la misma dirección. “No se puede hablar de ricos y pobres”, añadía Garamendi, al igual que tampoco “radicalizar la sociedad”.
Palabras que cobraban fuerza cuando le preguntaban por los nuevos Presupuestos Generales para el próximo año en los que la patronal no ha sido consultada ni tenida en cuenta para su desarrollo. Un reproche a unas bases que Garamendi tildaba de “no ajustadas” en la realidad económica en la que se encuentra España, por lo que mostraba su preocupación.
