Telefónica y Prisa mantienen su presencia en Argentina

El oficialismo argentino (legisladores alineados con la presidenta Cristina Kirchner) aprobó la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, durante la última sesión de 2014 en la Cámara de Diputados.

El texto reglamenta las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a Internet, la televisión por satélite y por cable. Su aprobación abre el mercado de la televisión por suscripción a las telefónicas, aunque les veda el suministro de televisión por satélite.

Las deliberaciones comenzaron el martes 16 y se extendieron hasta la madrugada del 17 de diciembre. Tras su tratamiento, se registraron 131 votos a favor y 97 en contra. La iniciativa es uno de los instrumentos que el Gobierno impulsó para desmontar al grupo Clarín.

Adecuación y propiedad

Justamente el mismo día en que la Cámara de Diputados comenzó a tratar ese proyecto, conocido como "Argentina Digital", la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) (ente de aplicación de la Ley de Medios) aprobó la "adecuación" de Telefónica y Prisa.

Ello significa que "las empresas deberán ajustarse al límite del 35% de cuota de mercado, contando con 180 días para efectuar las transferencias de licencias necesarias para cumplir con dicho límite".

De esta manera, Telefónica conservará el Canal 11 de Buenos Aires y otros seis canales en el interior del país, cediendo dos emisoras para cumplir con el límite de audiencia, según destacó la prensa local en las horas siguientes a conocer la decisión.

El presidente de AFSCA, Martín Sabbatella, dijo que la prohibición que tienen las empresas prestatarias de servicios públicos para ser dueños de canales de TV no se aplica a Telefónica de Argentina, ya que esta compañía no tiene ninguna relación con Telefe, a pesar de que ambas son filiales de Telefónica de España.

En cambio, los directores por la oposición de AFSCA, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, votaron en contra de ese plan de adecuación, ya que sostuvieron que "Telefónica de Argentina y Telefe son lo mismo". Esta adecuación es la misma que fue solicitada por AFSCA para el grupo Clarín, con el que la administración Kirchner mantiene una larga disputa.

Velocidad y garantías

En referencia a la reglamentación aprobada por Diputados, "la velocidad que le imprimió el Gobierno en el cierre del año es atribuida a la incertidumbre para garantizar sus proyectos durante 2015, en plena campaña electoral y con Cristina cerca de concluir su mandato", publicó el diario Clarín, uno de los blancos de los seguidores de Kirchner.

El Gobierno, por su parte, dijo que el proyecto (que tuvo 40 modificaciones en el Senado) contempla una serie de regulaciones que impedirán una situación de monopolio basándose en el concepto de "Servicio Universal", que implica que el servicio deberá tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país.

El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, destacó que los cambios incorporados por el Senado "mejoraron la neutralidad de la red", resguardando a las Pymes respecto de la posición dominante de las grandes empresas, dado que "apuntan a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones sociales equitativas", según declaró a la agencia oficial de noticias Télam.

"La iniciativa busca que a todos los hogares llegue el mejor cable, con la mejor infraestructura y calidad, a un precio justo; al tiempo que establece que los contenidos que lleguen a los usuarios sean absolutamente libres", había dicho el ministro de Planificación, Julio de Vido, al defender el proyecto unos días antes.

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