Detectar a los falsos autónomos se ha convertido en uno de los principales objetivos en la agenda de Magdalena Valerio. Una tarea que desde su llegada al ministerio se ha puesto sobre la mesa con la aprobación del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 y que, hasta la fecha, ha permitido sacar a la luz un total de 8.000 figuras de este tipo, de las 130.000 personas que el Gobierno estima que existen en España trabajando de esta manera.
Un escenario en el que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) propone atajar el problema con una mayor transparencia. Con el fin de evitar cualquier tipo de vacío legal o dar lugar a confusiones, la organización encabezada por Lorenzo Amor apuesta por la creación de un texto armonizado y común para todos los trabajadores donde se definan claramente los diferentes tipos de empleados que existen -asalariado, autónomo, falso autónomo o trade- con sus correspondientes derechos y obligaciones. «Ello no eximirá de que si la naturaleza de la relación que se derive no se corresponda a lo suscrito sea denunciado por cualquiera de las partes», añaden.
En el marco de 35 propuestas 2019: «Seguir avanzando en el trabajo autónomo», ATA hace hincapié en los TRADES. Conocidos coloquialmente como aquellos económicamente dependientes -ya que al menos el 75% de su facturación procede de un solo cliente- éstos han ido ganando peso en los últimos años dentro de la fuerza laboral española. Así, de cara a ‘cubrir sus espaldas’ frente a situaciones de posible abuso, plantean establecer por ley una retribución mínima de 1.050 euros mensuales, además de tener que ser ellos mismos quienes deberían tener la obligación de registrarse en el sistema RED como tal.
En esta línea y ante el auge de empleos procedentes de la economía digital, ATA menciona la figura del Trade Digital. La diferencia con respecto al citado anteriormente radica en que deberían ser las plataformas para las que trabaje esa persona las que responderán sobre los derechos que les otorga esa condición y sugiere la fijación de una condiciones de partida que podrían mejorar de manera individual.
Además de hacer un repaso sobre aquellos puntos que permitirían una reducción de la presión fiscal sobre este colectivo como, por ejemplo, garantizar los aplazamientos del IVA o la deducción en el IRPF del gasto total del vehículo cuando éste sea eléctrico, desde la asociación defienden mecanismos de prevención de quiebra y segunda oportunidad con la posibilidad de reincorporación al mercado de trabajo de aquellos empresarios que fracasen.
