El Senado de Estados Unidos ha aprobado este sábado abrir el debate formal del controvertido plan presupuestario propuesto por Donald Trump, que contempla más de cuatro billones de dólares en recortes fiscales y una profunda reorganización del gasto público.
La iniciativa recibió 51 votos a favor y 49 en contra, lo que refleja la división dentro del propio Partido Republicano. El texto plantea ampliar los recortes de impuestos de la primera administración Trump, elevar el presupuesto de defensa y seguridad fronteriza, y reducir drásticamente programas sociales como Medicaid y las ayudas alimentarias.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el plan aprobado previamente en la Cámara de Representantes podría incrementar la deuda pública en 2,4 billones de dólares en la próxima década. La propuesta fiscal incluiría reducciones impositivas por valor de 4,2 billones de dólares, una cifra que no se compensaría con los recortes presupuestarios, según advirtió el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha ralentizado el proceso legislativo al obligar a la lectura completa del borrador de 940 páginas, una estrategia para ganar tiempo e impedir una aprobación rápida. «Voy a forzar a esta cámara a leerlo, de principio a fin», declaró Schumer al inicio del debate.
La aprobación no está garantizada: los republicanos solo cuentan con 53 escaños y no pueden permitirse perder más de tres votos. Durante la semana, Trump intensificó su presión sobre los senadores para lograr una firma presidencial del proyecto el próximo 4 de julio, Día de la Independencia.
El propio Trump publicó este sábado en Truth Social: «EE.UU. quiere impuestos reducidos, incluyendo ningún impuesto sobre las propinas, horas extra y la seguridad social, deducciones de intereses en autos, seguridad fronteriza, un Ejército fuerte y una ley que es grandiosa para nuestros campesinos, manufactureros y el empleo general».
La publicación del nuevo borrador generó mayor controversia al revelar nuevos recortes en incentivos fiscales para energías renovables y vehículos eléctricos, lo que ha despertado críticas desde sectores industriales y tecnológicos.
Elon Musk acusó al Senado de «destruir millones de empleos», al compartir un análisis del profesor Jesse Jenkins (Princeton), quien advierte que el plan reducirá la inversión en manufactura eólica y solar, aumentará la contaminación y limitará la competitividad frente a China.
