La comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo quiere que todas las prácticas profesionales en la Unión Europea se hagan con un contrato que establezca su remuneración y que den derecho a protección social, incluidas prestaciones por desempleo y cotización a pensiones.
Así lo reflejaron en un dictamen aprobado por amplia mayoría – 42 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones – en el que establecen su posición para negociar con los Estados miembros la nueva Directiva europea de prácticas, informó el Parlamento en un comunicado.
Los eurodiputados subrayan que todos los becarios deberían recibir un acuerdo de prácticas por escrito que describa la remuneración, tareas, objetivos de aprendizaje, derechos y obligaciones; y la duración de su periodo de prácticas.
Piden además que las prácticas no puedan superar los seis meses de duración a menos que esté debidamente justificado y que tengan que proporcionar protección social, incluido un seguro sanitario, prestaciones en caso de desempleo y contribuciones para la pensión.
La comisión parlamentaria propone asimismo una definición de prácticas que exigiría que estas sean de una duración limitada y consistan en trabajos de nivel básico, al tiempo que defiende que la nueva directiva cubra todas las prácticas salvo aquellas que sean obligatorias como parte de ciertos estudios o formaciones.
Por otro lado, los eurodiputados han incluido ciertas medidas para detectar prácticas abusivas, por ejemplo, que se encadenen varios periodos consecutivos de prácticas con el mismo empleador o que no se publique un anuncio de vacante amplio, y proponen obligar a las empresas a compartir datos sobre sus programas de prácticas -número de becarios, duración, condiciones- si se lo piden las autoridades nacionales.
En general, para la comisión parlamentaria constituyen prácticas abusivas aquellas que no se pagan conforme a la ley de cada país, las que no tienen un componente de formación o las que carecen de un mentor o una evaluación al final, puesto que «esto significa que es una relación de empleo disfrazada de prácticas».
El texto «aborda los abusos extendidos y el empleo disfrazado, garantiza una remuneración justa y protección social, y asegura que las prácticas son un camino auténtico hacia un empleo estándar de calidad», dijo la ponente del informe en la Eurocámara, la eurodiputada socialista española Alizia Homs.
Salvo que el pleno del Parlamento se oponga, con la aprobación de este dictámen podrán comenzar las negociaciones del texto definitivo de la directiva entre la Eurocámara y los Estados miembro, que ya aprobaron su postura al respecto el pasado junio.
Ese acuerdo salió adelante sin el apoyo de España puesto que el Gobierno considera que no daría protección suficiente a los becarios, en particular al excluir del ámbito de la directiva las prácticas vinculadas a la educación o las políticas activas de empleo y eliminar elementos de control de las obligaciones de las empresas.
La Comisión Europea también lamentó entonces que los países -como ahora ha hecho la Eurocámara- hayan excluido aplicar la norma a las prácticas en el marco de la educación puesto que eso hará que la directiva solo cubra al 24 % de los becarios pagados en la UE.
Además de España, se opusieron al acuerdo entre los países Alemania, Austria, Eslovenia y Estonia.
