En la carrera por frenar el cambio climático, las energías renovables se presentan como el camino más prometedor hacia un futuro sostenible. Parques eólicos, plantas solares y otras fuentes limpias son ya protagonistas del nuevo paradigma energético.
Sin embargo, detrás del brillo verde de esta transición se esconden tensiones profundas que desafían los principios del desarrollo sostenible y los derechos humanos. ¿Es posible avanzar hacia una economía descarbonizada sin dejar atrás a comunidades vulnerables ni comprometer la justicia social?
La transición energética, enmarcada en los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 de Naciones Unidas tienen como objetivo, entre otros, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, generar empleo verde y garantizar seguridad energética.
Pero esta transformación implica una reestructuración masiva de sectores económicos, territorios y modos de vida. La pregunta no es si debemos apostar por las energías renovables -la respuesta es un rotundo sí- sino cómo hacerlo sin reproducir lógicas extractivistas ni generar nuevas desigualdades.
¿Crecimiento vs. respeto?
Uno de los retos más visibles es el conflicto entre megaproyectos energéticos y comunidades locales o indígenas. En América Latina, África y también en Europa, se han documentado casos donde la construcción de grandes infraestructuras renovables ha generado desplazamientos forzados y destrucción de ecosistemas.
En España, por ejemplo, diversas plataformas ciudadanas -entre ellas la Plataforma en Defensa de la Tierra de Zamora– han alzado la voz contra la instalación masiva de plantas solares en zonas rurales, denunciando opacidad en los procesos de autorización y escasa participación pública.
Este tipo de conflictos pone en jaque uno de los pilares del desarrollo sostenible: el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y la equidad social. Cuando un parque eólico genera electricidad limpia pero deja sin acceso a la tierra a campesinos que dependen de ella, o cuando una mina de litio para baterías verdes contamina acuíferos esenciales para una comunidad, estamos hablando de externalidades que no pueden ser ignoradas.
Además, el auge de la economía verde está generando una nueva geopolítica de los recursos. Materiales como el cobalto, el litio o minerales y tierras raras, esenciales para tecnologías limpias, están provocando una nueva ola de explotación y minería intensiva en numerosos países. Esto plantea una importante pregunta ética: ¿Estamos descarbonizando nuestras economías a costa de los derechos de otros? Y ¿Cuál debería ser el equilibrio entre transición energética, desarrollo económico, derechos humanos, protección de la biodiversidad y de los ecosistemas? ¿Hay alguno que prevalezca sobre otro?
La respuesta a estos dilemas pasa por una planificación más inclusiva, participativa y transparente. Es fundamental que los proyectos de energías renovables respeten los derechos de las comunidades locales, incluyan evaluaciones científicas de impacto social y ambiental rigurosas y se rijan por estándares internacionales de debida diligencia.
Transición multidisciplinar
La transición energética no debe ser solo tecnológica, sino también científica, cultural y política. No basta con cambiar el tipo de energía que consumimos, sino también plantearnos dónde construimos, replantear cómo la producimos, quién se beneficia de ella y qué impactos genera en el ecosistema que la rodea y las comunidades locales de la zona. En este sentido, el concepto de justicia climática cobra fuerza: se trata de asegurar que los costes y beneficios de la acción climática se distribuyan de manera justa, sin volver a cometer los errores y las mismas desigualdades que el modelo fósil.
En definitiva, el futuro verde que imaginamos solo será sostenible si también es justo. La transición energética puede ser una oportunidad histórica para redefinir nuestro contrato social y económico. Pero para lograrlo, debemos tener el coraje de mirar más allá de los kilovatios limpios y preguntarnos: ¿A qué precio llega la energía del mañana? ¿Quién decide dónde se instalan los proyectos? ¿Estamos dispuestos a perder ecosistemas a cambio de una estructura eólica? ¿Estamos escuchando realmente a las comunidades afectadas?
Encontrar la manera de que todos estos elementos converjan —justicia social, sostenibilidad ambiental y participación democrática— es el verdadero desafío que definirá el rumbo de la transición ecológica y el modelo de sociedad que aspiramos a construir.
