Durante buena parte de la legislatura, hasta que la economía española empezó a ver la luz, el Ejecutivo de Rajoy sacaba a relucir la herencia recibida para justificar los ajustes aplicados. Paradójicamente, el futuro Gobierno, se forme ahora o en las nuevas elecciones, recibirá otra herencia en forma de ajuste de 23.600 millones.
Esta semana, el Ministerio de Hacienda ha confirmado el déficit de 2015 ascendió al 5,6% del PIB, casi un punto por encima de los objetivos comprometidos a Bruselas. La desviación se situó en 10.380 millones, que se une a los 13.220 millones de los presupuestos de 2016 elaborados por el Ejecutivo de Rajoy y remitidos a la Comisión, que advirtió que no cumplirían con el 2,8% de déficit previsto para este año.
En total, un agujero de 23.600 millones que será de los primeros deberes con los que tendrá que lidiar el nuevo Gobierno. La falta del mismo o la posibilidad de que se produzcan nuevas elecciones no evitarán que antes o después Bruselas exija nuevos recortes. De momento el vacío político deja en manos del Gobierno en funciones la propuesta de reducción del déficit dejando al Ejecutivo entrante limitado en movimientos.
El primer paso para comenzar a corregirse la desviación la tiene que dar obligatoriamente el Ejecutivo saliente de Rajoy. España tiene de plazo hasta el 31 de abril para remitir a la Comisión Europea el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, que deberá contemplar el exceso de déficit de 2015 y 2016 y las medidas para contemplarlo. Con los documentos debajo del brazo, Bruselas elaborará las previsiones económicas de primavera, que serán publicadas a mediados de mayo, y que incluirán las recomendaciones, de casi obligado cumplimiento, para cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad.
Cabe la posibilidad de que se abran negociaciones para flexibilizar los objetivos, pero la falta de Gobierno pone en evidencia una falta de interlocutor válido que consiga convencer a la Comisión Económica de suavizar el rigor presupuestario para España. El Gobierno de Rajoy ya ha mandado una misiva formal, junto a Italia y otros países, para reclamar a la Comisión un cambio de método en la proyección de déficit que ayude a elevar los objetivos.
Es previsible que con las previsiones de primavera quede marcado por parte de Bruselas el ritmo de los ajustes para los próximos años, donde influirán las propuestas que contemple el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno de Rajoy. De momento, lo que está claro es que incluirá la limitación de gasto para las Comunidades Autónomas que anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras anunciar el déficit del Estado. En principio, la Comisión estima que con esta medida el déficit para 2016 se situaría en el 3,6%, todavía ocho décimas por encima del compromiso de España.
Ya el comisario de Economía, Pierre Moscovici, ha advertido en varias ocasiones que haya o no Gobierno los ajustes son irrenunciables, pero la situación política plantea un serio problema, tanto para Bruselas como para el país. Los deberes fiscales estarán puestos encima de la mesa si los partidos alcanzan un acuerdo antes del 2 de mayo o si se repite elecciones, pero no será hasta por los menos finales de este año, cuando el nuevo Ejecutivo podría empezar a actuar sobre el déficit, algo que incomoda a Bruselas.
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