Los países de la Unión Europea han anunciado un conjunto de nuevas normativas para dificultar el uso de efectivo y otros medios de pago alternativos, como las criptomonedas, con fines delictivos. El pasado 6 de noviembre, el Club de los Veintisiete aprobó un nuevo límite de 10.000 euros para pagos en efectivo en todos los países que forman parte de la unión. Sin embargo, los Estados miembros podrán acotar aún más esta cantidad si así lo desean. Además de este tipo de pagos, otros sectores, como la joyería y la orfebrería, también tendrán un mayor control.
Las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se extenderán también a las criptomonedas, obligando a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a tomar medidas preventivas en relación con sus clientes. A estas entidades se les exigirá verificar información cuando realicen transacciones por a partir de los 1.000 euros, y agrega medidas para mitigar los riesgos en relación con las transacciones con monederos autocustodiados (en los que el usuario tiene control completo sobre los criptoactivos).
Además, la Unión Europea también adoptará la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo normativo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. En consecuencia, habrá dos listas en Bruselas, una "lista negra" y una "lista gris", que reflejarán las listas del GAFI. En la primera, se incluyen los Estados que no colaboran en la lucha contra la evasión fiscal, como Panamá, Guam y Fiyi, mientras que en la segunda está conformada por aquellos que se han comprometido a corregir sus deficiencias.
Legislación europea para luchar contra el terrorismo y el blanqueamiento de capitales
El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas comunitarias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT). Este paquete consta de tres iniciativas enfocadas a tal fin.
En primer lugar, un reglamento que establece la creación de una nueva autoridad específica de lucha contra el blanqueo de capitales (ALBC) que tendrá poderes para imponer sanciones y multas. La ALBC sería el centro de un sistema integrado por la propia Autoridad europea, junto con sus homólogas nacionales. También apoyaría a las unidades de inteligencia financiera comunitarias (UIF) y establecería un mecanismo de cooperación entre ellas.
