El verde es el color de moda, y no se trata de una moda pasajera. Desde hace años, las empresas ya no sólo se han de preocupar de obtener beneficios, máxime teniendo en cuenta que la Organización Meteorológica Mundial ha advertido de que la concentración de dióxido de carbono es la más alta desde hace tres millones de años.
De ahí que el cumplimiento de la ingente normativa medioambiental y la adaptación al nuevo paradigma económico de la economía circular sean prioridades en las que está en juego el ser o no ser de las compañías. Entramos en un nuevo ciclo. Poderosas razones ambientales, sociales, geopolíticas, ideológicas y políticas se están imponiendo para que rememos todos en la misma dirección. España se comprometió a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU. Un compromiso del que surgió la Agenda 2030. Nadie puede darle la espalda a este escenario.
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible abarcan cuestiones sociales y ambientales. Entre estas últimas, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas; el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; lograr (…) ciudades (…) sostenibles o promover la industrialización (…) sostenible y fomentar la innovación.
Ya se pintaron de verde las licitaciones públicas en febrero de este año con el Plan de Contratación Pública Ecológica, que cambió las reglas del juego añadiendo nuevos criterios decisivos a la hora de adjudicar cualquier licitación por parte del Estado. Y ahora le ha tocado a la banca, pues el Banco de España ha pedido a estas entidades que detallen su exposición crediticia al cambio climático.
Ana Botín (Santander) habla del cambio climático como “el problema más urgente” que afronta el mundo en estos momentos, que no sólo afecta a las personas, sino que tiene consecuencias negativas para las cuentas de resultados de las entidades financieras.