El Consejo de Ministros prorroga un año más el blindaje a empresas estratégicas de nuestro país para seguir luchando contra el régimen de liberalización de inversores extranjeros. El nuevo real decreto aprobado a 23 de noviembre consigue así evitar que empresas fuera de la Unión Europea además de la Asociación Europea de Libre Comercio puedan hacerse con el control de las empresas estratégicas.
Este “veto” se instauró por primera vez ante la crisis del coronavirus el pasado 17 de marzo de 2020 para eludir que firmas extranjeras se hicieran con el control de sectores de primera línea a un valor inferior provocado, en su mayor parte, por la pandemia.
Su objetivo es claro: “garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos” de todas aquellas empresa que superen (o pretendan superar) el 10% del capital y aquellas no cotizadas en la que estén por encima los 500 millones de euros su inversión. De ser así, será el Gobierno quien tenga que autorizar dicha inversión.
El real decreto también amplía hasta el 31 de julio de 2022 las ayudas para autónomos y empresas que hasta el 18 de noviembre hayan hecho efectivas 1,13 millones de operaciones y desplegado avales por 101.945 millones de euros. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una de las ayudas más reclamadas en la UE según el Gobierno, dando un respiro a las empresas afectadas.
Asimismo, será el 30 de junio del próximo año la fecha límite para la exclusión de los afectados legalmente en disolución por pérdidas además de para deudores insolventes, lo que exime a estos tener que entrar en concurso de acreedores, con el fin de que dichas empresas puedan recuperarse dentro de su patrimonio.
