La administración de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha presentado una demanda contra la aplicación de reparto Motoclick por robo salarial, apropiación de propinas e imposición de tarifas ilegales a los repartidores, conocidos como deliveristas.
La acción legal ha sido interpuesta por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) ante la Corte Suprema del estado. La demanda acusa a la plataforma de violar las Leyes de Trabajadores de Reparto mediante prácticas engañosas y deducciones no autorizadas.
Según el escrito, Motoclick habría cobrado 10 dólares por pedidos cancelados y descontado a los repartidores el coste de pedidos reembolsados, reduciendo de forma sistemática sus ingresos.
Posible cierre de la plataforma
El DCWP, dirigido por Samuel Levine, sostiene que Motoclick y Juan Pablo Salinas Salek, su director ejecutivo, adeudan millones de dólares a los repartidores en salarios impagados y daños económicos.
La administración municipal solicita el cierre total de la empresa, al considerar que su modelo de negocio se basa en prácticas ilegales reiteradas que perjudican a miles de trabajadores.
«Motoclick y su director ejecutivo engañaron a los neoyorquinos para que trabajaran para su plataforma con falsas promesas y luego les robaron sus propinas y ganancias», ha afirmado Levine, subrayando que algunos repartidores acabaron endeudados como consecuencia de estas prácticas.
Advertencia a las plataformas de reparto
El comisionado ha lanzado además un mensaje directo a otras aplicaciones de reparto, como Instacart, DoorDash y Uber, instándolas a cumplir estrictamente la normativa vigente.
Las nuevas Leyes de Trabajadores de Reparto, que entran en vigor el 26 de enero, refuerzan la protección de las propinas, establecen mayor transparencia salarial y amplían los derechos de los trabajadores de plataformas digitales.
La demanda contra Motoclick se apoya en un informe previo del DCWP que reveló que DoorDash y Uber habrían utilizado tácticas engañosas para privar a los repartidores de 550 millones de dólares en propinas.
Repartidores inmigrantes y protección laboral
Desde el Ayuntamiento se subraya que la mayoría de los repartidores afectados son trabajadores inmigrantes, especialmente vulnerables a abusos laborales dentro de la economía de plataformas.
Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Proyecto Justicia Laboral, ha respaldado la demanda y ha destacado que más de 80.000 repartidores son esenciales para la economía de la ciudad y, también para Estados Unidos.
«Son socios fundamentales en la aplicación de las leyes que protegen a todos los trabajadores», ha afirmado Guallpa, en referencia al papel clave de los deliveristas en el funcionamiento diario de Nueva York.
