El paro registrado descendió en enero en solo tres comunidades: Baleares, con 192 parados menos; Melilla, con una reducción de 243 personas y Ceuta, con 19 personas menos paradas. Sube, en cambio, en las 16 restantes, encabezadas por Madrid, que ha sumado 9.667 desempleados, Andalucía con 9.417 y la Comunidad Valenciana con 6.845. Con respecto al mes de diciembre, Cantabria es la comunidad donde más ha crecido el paro, con un aumento del 3,95%. En comparación al mismo mes del pasado año, el paro ha caído en todas las Comunidades Autónomas de España. Lidera este ranking Cataluña, con un descenso del 12,38%, seguida de cerca por La Rioja e Islas Baleares, con un descenso del 12,10% y 11,01 respectivamente. En cuanto a las provincias, el desempleo registrado se reduce en 5, entre las que destacan: Huelva (-2.035), Barcelona (-449) y Melilla (-243). Por el contrario, sube en 47, encabezadas por Madrid (9.667) y Valencia (4.269). 
Beneficiarios de prestaciones por desempleo El 27% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados en España están en Andalucía. La comunidad con más cantidad de parados en enero, más de 890.000 personas, también es en la que más prestaciones por desempleo se reciben. Sin embargo, la cuantía media de estas está entre las más bajas de España, con 784,7 euros al mes. La segunda comunidad con más beneficiarios de prestaciones es Cataluña, con el 13%, es decir, 267.244 personas reciben una ayuda en Cataluña. En total, en enero en España se registraron 1.984.376 personas que se benefician de alguna prestación. La operación es sencilla. Si España cerró el mes de enero con 3.760.231 parados registrados, y de estos, sólo 1.984.376 personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, aún hay en nuestro país 1.774.855 personas que no tienen ningún tipo de ayuda, pese a no tener trabajo. En términos relativos, el 52% de los parados en nuestro país reciben una prestación, frente al 48% de las personas sin empleo que no. Este mismo jueves se debate y vota en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las personas sin recursos o en exclusión social y que está vinculada a la búsqueda de empleo.
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