El negocio de los sellos y las certificaciones en impacto marcó un antes y un después con la irrupción del movimiento B Corp en España.
Muchas empresas decidieron destinar recursos para someterse y adaptarse a sus estándares, bien a través de equipos propios, bien a través de consultoras de sostenibilidad.
El propósito sonaba loable: transformar el capitalismo desde dentro. Sin embargo, los últimos años han llevado al mayor lobby empresarial a asumir cambios estratégicos y profundos en su modelo de ‘negocio’ y sus estándares para recuperar su credibilidad.
Su influencia política fue tremendamente importante. Gracias a su presión social y empresarial, el Congreso de los Diputados acabó aprobando la creación de una nueva figura jurídica: las sociedades de beneficio e interés común (SBIC).
En marzo de 2024, el lobby reanudó su actividad de influencia política y reclamó el desarrollo reglamentario de la figura de las SBIC.
«Sin unos criterios claros y coherentes la figura legal no tiene ningún valor, y mientras tanto corremos el riesgo de sufrir Impact Washing, es decir, que empresas de todo tipo puedan utilizar la figura legal para fines muy alejados», llegaba a decir Belén Viloria, entonces CEO del lobby.
Viloria aterrizó en B Corp España con cierto boato mediático y su salida ha producido recientemente con cierta opacidad. La dirección ejecutiva se encuentra desempeñada de forma interina, una especie de «sede vacante».
Preguntada por su salida, la ahora consultora asegura para The Officer que «mi objetivo era un objetivo y un periodo de posicionamiento y creación estratégicos para los próximos años creando la estrategia de lo que llamé el Nuevo Capítulo del movimiento B Corp es decir, tras 10 años del movimiento B Corp en España, llegaba el momento de dar un salto cualitativo para los próximos años», responde la directiva al respecto.
Llegada a España
En 2015, la idea de certificar empresas que combinaran rentabilidad con propósito social aterrizó en España con fuerza. El concepto no era nuevo: había nacido en 2006 en EE. UU. de la mano de tres empresarios —Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan y Andrew Kassoy—, preocupados por garantizar que el éxito económico de las compañías no fuera a costa del impacto social y ambiental.
Pero fue en Barcelona donde se asentó la primera semilla del movimiento B Corp.
La consultora Roots for Sustainability, que se define como «agencia de impacto positivo que activa y apoya la transformación de las organizaciones», se convirtió en la impulsora de la organización sin ánimo de lucro B Lab.
La primera controversia vino, precisamente, del hecho de que una firma que ofrecía sus servicios como asesora en esta materia también pudiera certificar a estas empresas. Tampoco pasó desapercibido el hecho de que la propia Roots for Sustainability consiguiera ser una B Corp en 2014.
Para tratar de acabar con cualquier tipo de especulación, en 2019 la agencia creó B Lab Spain y separó las identidades.
En la actualidad, más de 250 empresas españolas lucen la etiqueta B Corp, entre ellas firmas como Veritas, Triodos Bank o Holaluz. Según cifras de B Lab Spain, estas compañías representan más de 23.000 empleos y han incrementado sus resultados económicos una media del 30% en el último año.
Bajo cuestión
El sello B Corp fue concebido para premiar a las empresas que se someten voluntariamente a una evaluación rigurosa de impacto y cumplen con altos estándares de gobernanza, sostenibilidad y derechos laborales.
En teoría, se trata de una herramienta para transformar el modelo y premiar la debida diligencia empresarial. En la práctica, cada vez más voces cuestionan si esta promesa se está cumpliendo.
Para empezar porque no todas las compañías pueden optar a este tipo de certificación. El proceso para obtener la certificación no es trivial. Las empresas deben superar un examen exhaustivo —la Evaluación de Impacto B— y alcanzar al menos 80 puntos sobre 200. También deben mantener ese estándar cada tres años y someterse a auditorías.
¿Y si no lo consigue? Desde la propia organización se le sugieren mejoras para incrementar esta cifra y pasar a la siguiente fase que ya implica el pago de una cuota anual.
El coste económico varía según el tamaño de la empresa: desde 1.000 euros al año para firmas con una facturación anual menor a 150.000, hasta 50.000 euros para las más grandes.
De los más de 1,6 millones que B Lab ingresó el pasado año, aproximadamente la mitad provienen del pago de estas cuotas. El resto proviene de otro tipo de servicios de asesoría que presta y de donaciones privadas.
«Las principales fuentes de ingresos son las cuotas de certificación y le siguen las formaciones a profesionales del mundo de la sostenibilidad, programas de medición y gestión del impacto que impartimos a empresas, sensibilizaciones a compañías y alianzas estratégicas. En total, esto supone más del 80% de nuestros ingresos», explican desde el lobby.
Sin embargo, no detallan qué tipo de formaciones o programas son los que generan estas cantidades.
Al ser preguntados por la procedencia de las donaciones privadas, la organización ha decidido no revelar el nombre de sus benefactores, más allá de que son «actores del mundo de la economía del impacto» y que apenas suponen el 15% del total de su facturación.
¿Impacto real o solo relato?
Otro de los puntos controvertidos es la motivación de las empresas y el cumplimiento de la garantía de diligencia debida. Las normas son claras: «B Lab aplica un Cuestionario de Divulgación para detectar prácticas empresariales sensibles», explican desde la institución.
Y hay sectores como combustibles fósiles, cárceles privadas o casinos que pueden ser considerados inelegibles. Si más del 1% de los ingresos provienen de actividades vetadas, la empresa no puede certificarse como B Corp.
«De todas las cuentas que tenemos a día de hoy registradas en la Evaluación de Impacto B (cerca de 400.000), solo el 3% ha logrado convertirse en B Corp (cerca de 10.000)», aseguran fuentes del lobby B Lab.
En los últimos años han estallado escándalos vinculados a empresas internacionales B Corp que se escudaban en su certificación para hacer un lavado de imagen. Los casos de Nespresso, Danone, BrewDog o Havas, al que le retiraron el sello, han llevado a la organización al borde del riesgo reputacional.
«La certificación se ha convertido en muchos casos en una herramienta de marketing», reconoció recientemente un directivo de B Lab a nivel internacional, tras la polémica que rodeó en 2022 la certificación de Nespresso.
En España, aún no ha salido a la luz ningún caso pero los expertos advierten de que los riesgos de Impact Washing son reales. El propio modelo de evaluación, que permite a las empresas compensar debilidades en algunas áreas con fortalezas en otras, ha sido duramente criticado.
Sin una gobernanza suficientemente clara
El lobby presume del poder de su comunidad que está compuesta por 30.000 trabajadores, 10.900 empresas que miden su impacto a través de la organización y 288 empresas B Corp.
También publican los asistentes a los eventos organizados por la institución (cerca de 9.000), el número de programas y formaciones impartidas (13), o las empresas que asisten a sus actos (más de 150).
No aparece, sin embargo, la forma de gobierno de la corporación ni la forma en que funciona la misma: con un rígido sistema de toma de decisiones.
En primer lugar, B Lab global supervisa la estrategia, los estándares y la protección legal del sistema B Corp a nivel mundial. Posteriormente, cada país o región cuenta con una entidad operativa que coordina la certificación, ofrece soporte y promueve el movimiento localmente.
También cuentan con un órgano asesor, compuesto por expertos en sostenibilidad, derechos humanos, medioambiente y empresa, que supervisa el desarrollo y actualización de los criterios de certificación.
Además, tienen comités y grupos de trabajo para temas específicos. Y, por último, cualquier cambio importante en los estándares pasa por una fase de consulta pública internacional.
¿Cuál es el derecho real de las B Corp a gobernar el lobby? Aunque, en teoría, las empresas B Corp tienen capacidad de decisión; en la práctica los mecanismos son limitados. Sus derechos se reducen a la participación en las consultas públicas; las peticiones a través del portal de B Lab; la participación en grupos de trabajo; o a través de coaliciones o cartas colectivas.
Nuevos estándares globales en 2025
En abril de 2025 ha entrado en vigor un nuevo estándar global que marcará un antes y un después en la historia del movimiento.
El cambio es sustancial, pues ya no bastará con alcanzar una puntuación global: las empresas deberán cumplir requisitos obligatorios en siete dimensiones clave, entre ellas el respeto a los derechos humanos, el impacto climático, la circularidad ambiental o la ética en la influencia política.
Los cambios, aunque necesarios, no serán indoloros. Desde la propia organización se reconoce que entre el 65% y el 70% de las empresas actualmente certificadas no cumplirían los nuevos criterios si se aplicaran hoy.
Esto podría suponer una pérdida masiva de acreditaciones. En España, se estima que hasta 175 compañías podrían quedar fuera del sello bajo las nuevas reglas.
Pese a las críticas, el movimiento B Corp en España mantiene un nivel alto de recertificación (90%) y una comunidad activa. Las empresas que apuestan por el sello lo defienden como una herramienta útil para organizar internamente su propósito y ganar coherencia estratégica. La pregunta ahora es si B Corp puede volver a ser lo que prometió.
Los expertos lo tienen claro: dependerá de su capacidad para ganar credibilidad real y medir el impacto con transparencia, no solo desde los informes anuales, sino en la práctica cotidiana. La sostenibilidad empresarial necesita estándares exigentes, no etiquetas vacías.
