La primera ley antiterrorista aprobada por el Parlamento chino está causando un gran revuelo. Hasta el momento el gigante asiático no contaba con una normativa que regulase cómo actuar ante el terrorismo, dependía de otras normativas internacionales para afrontar este tipo de casos.
Según Li Shouwei, subdirector de la división de leyes criminales del Comité de Asuntos Legislativos del Parlamento, la legislación tiene como objetivo proteger a todas las personas que están amenazadas por el terrorismo. Sin embargo, esta normativa contiene varios apartados que podrían derivar en abusos sobre el ciudadano o el robo de secretos tecnológicos.
El documento declara que las "instituciones o individuos no podrán generar ni divulgar información sobre incidentes terroristas" o "dar detalles que puedan incitar a la imitación". En base a esto, publicar un desafortunado comentario en cualquiera de las redes sociales, que cause cierta controversia o indignación, podría acabar siendo considerado como acto terrorista.
Otro punto controvertido es el que establece que solo los medios que cuenten con autorización expresa de las autoridades podrán dar detalles sobre los ataques o las políticas adoptadas en el campo del terrorismo. Esta medida se ha considerado como una grave restricción a la libertad de expresión. Limitaría mucho la actuación informativa de los profesionales de la comunicación y las noticias publicadas sobre el tema estarían claramente condicionadas y manejadas por las entidades públicas que eligen que información filtrar a la prensa que ellos elijan.
Además, las firmas tecnológicas estarán obligadas a entregar al Gobierno chino información clasificada. Las claves de cifrado por ejemplo, serán algunas de las informaciones confidenciales que el Gobierno obtendría, lo que podría derivar en el robo de secretos tecnológicos. Empresas extranjeras con sede en China tendrían que cumplir con estas obligaciones, algunas de países como Estados Unidos, donde su presidente Barack Obama ya ha avisado de la negativa de las empresas norteamericanas a entregar las informaciones que se establecen ene l documento antiterrorista.
